El oficialismo y bloques aliados avanzaron este miércoles en la Cámara de Diputados con un dictamen de mayoría para modificar el régimen de subsidios al gas por Zonas Frías. La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza busca reducir el alcance del beneficio tarifario y concentrarlo únicamente en la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna.
Según indicaron fuentes parlamentarias, el proyecto sería tratado en el recinto el próximo 20 de mayo, en una sesión que también incluiría el debate de la denominada Ley Hojarasca.
La propuesta elimina la cobertura ampliada incorporada en 2021, durante la gestión anterior, que había extendido el régimen a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, entre otras.
Aquella ampliación, promovida por Máximo Kirchner, incorporó criterios bioambientales y elevó el universo de beneficiarios de 950 mil a cerca de 4 millones de hogares, alcanzando aproximadamente a la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.
Con los cambios propuestos, el beneficio quedaría restringido a usuarios incluidos dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios de pensiones para veteranos y familias con Certificado de Vivienda Familiar.
En las provincias y departamentos que perderían la cobertura ampliada, únicamente conservarían el adicional por Zona Fría los hogares considerados vulnerables dentro de ese padrón.
De acuerdo al texto del proyecto, quedarían excluidos 55 departamentos de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 11 de San Juan, 8 de Santa Fe, 8 de San Luis y otros distritos de Catamarca, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta y Tucumán.
Desde el Gobierno argumentan que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, financiado mediante una alícuota del 7,5% sobre el precio del gas natural, ya no tiene capacidad suficiente para sostener el esquema vigente.
Durante su exposición ante la comisión, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, sostuvo que «los recursos son escasos» y defendió la necesidad de focalizar la asistencia estatal en los sectores de menores ingresos.
«No le estamos sacando ningún subsidio a la gente que lo necesita. Lo que queremos es que quienes puedan pagar la energía, la paguen», afirmó la funcionaria.
El proyecto también incorpora un apartado vinculado a la deuda histórica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Allí se propone calcular las diferencias de ingresos que distribuidoras y transportistas eléctricas dejaron de percibir durante los años de congelamiento tarifario.
Según el esquema planteado, esos montos podrían utilizarse para compensar deudas con CAMMESA, siempre y cuando las empresas desistan de reclamos judiciales o administrativos contra el Estado Nacional.
«Si los activos regulatorios superan la deuda con CAMMESA, se podría condonar esa deuda, pero las empresas deberán renunciar a nuevos reclamos judiciales», explicó Tettamanti.
El oficialismo buscará avanzar con el tratamiento de la iniciativa el próximo 20 de mayo, junto con la Ley Hojarasca, un proyecto que propone eliminar unas 70 normas consideradas obsoletas o generadoras de «costos innecesarios» para los contribuyentes.
