Radio del Sur 97.1 dialogó con el fiscal anticorrupción, Diego Carmona, sobre la denuncia realizada a exfuncionarios por desvíos de fondos y cobros de subsidios.
Un escándalo sacude al gobierno de Chubut tras la denuncia presentada por el actual subsecretario de Recuperación y Promoción del Empleo, Omar Auteri, contra cuatro exfuncionarios por presuntos cobros indebidos en subsidios a cooperativas.
En el centro de la controversia se encuentra la tasa del «8 por mil», un tributo que pagan las empresas sobre el sueldo bruto de sus trabajadores y que se destina a la Secretaría de Trabajo para financiar programas de capacitación laboral y asistencia a desocupados. En 2024, se estima que la recaudación alcanzará los $6 mil millones.
En esa línea, el fiscal explicó «los programas eran destinados al fortalecimiento de mi primer empleo, fortalecimiento institucional, entonces uno iba a la secretaria de trabajo presentando un proyecto diciendo ‘yo quiero hacer tal cosa’ y si era aprobado pedía un dinero para hacerlo, ya sea porque iba a poner un emprendimiento, porque iba a ser capacitaciones».
Y agregó: «Tenía que presentar un presupuesto de lo que necesitaba y si era aprobado se le otorgaba el subsidio, ese subsidio, como su nombre lo indica, es no reintegrable pero pero debe ser rendido, entonces la misma resolución que otorgaba el subsidio le decía ‘bueno, ustedes tienen 30 días para gastar la plata que le estamos dando, y 60 días para acreditarlo en el rendirlo en el Tribunal de Cuentas’, o sea, presentar la factura de lo que gastó».
«En ese procedimiento de rendición de cuentas el Tribunal de Cuentas y en la Secretaría de Trabajo con sus actuales autoridades empezaron a detectar algunas irregularidades en cuanto a facturas que no coincidían con lo que decía que debería rendir», precisó.
Irregularidades en la distribución de subsidios
Auditorías del Tribunal de Cuentas detectaron serias irregularidades en la distribución de subsidios a cooperativas de trabajo durante los años 2022 y 2023. Se encontraron facturas truchas, falta de rendición de gastos y reiterados beneficios a la Fundación Coincidir de Puerto Madryn, perteneciente a los hermanos Luis y Marcelo D’Angelo.
En ese marco, el fiscal declaró que «lo que tenemos es que a partir de un trabajo en conjunto con el Tribunal de Cuentas y con las actuales autoridades de la Secretaría de Trabajo nos han remitido una serie de expedientes, en función de subsidios que se entregaban a distintas cooperativas o entidades jurídicas, se detectaron irregularidades en la rendición de esas cuentas».
Asimismo, explicó que se trataría de una cooperativa conformada legalmente de Trelew que recibió fondos de la Subsecretaría de Trabajo».
«De esa rendición, observamos la adulteración de la factura, los movimientos bancarios en la documentación que habían presentado había sido falseada para evitar la devolución a la rendición de los fondos», detalló Carmona.
Sospecha de cohecho
Auteri sospecha que los exfuncionarios Cristian Ayala, Tobías Gaud, Rolando Linares y Gabriel Cymerman habrían favorecido a la Fundación Coincidir a cambio de retornos económicos. En la denuncia se enumeran 18 expedientes por un monto total de $34.846.175, donde se observan inconsistencias en la facturación, discrepancias en la cantidad de beneficiarios y falta de información sobre el destino real de los fondos.
Investigación en curso
La denuncia fue recibida por el fiscal Diego Carmona, quien ya ha iniciado una investigación preliminar. De comprobarse las acusaciones, los exfuncionarios podrían enfrentar cargos por cohecho, malversación de fondos y otros delitos contra la administración pública.
Más allá de la investigación judicial, el caso pone en tela de juicio la transparencia y la eficiencia en el manejo de los fondos provenientes de la tasa del «8 por mil». Se reclama un sistema más riguroso para la asignación de subsidios, con mecanismos de control y rendición de cuentas más estrictos.
