El clima político suma un nuevo frente de tormenta judicial. Este lunes 16 de febrero, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación Reset Republicano, formalizaron una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de capacitación para la Cancillería.
La presentación, sorteada ante la Cámara Criminal y Correccional Federal, pone la lupa sobre un contrato de $114.044.133 adjudicado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad donde desempeña un rol directivo María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro Sturzenegger.
Según la denuncia, la propia Disposición 21/2026 de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior reconoció la existencia de un «vínculo positivo» entre Rouillet y el ministro. Si bien el Gobierno asegura haber activado los protocolos de integridad previstos en el Decreto 202/2017, los denunciantes afirman que hubo una omisión crítica: al 15 de febrero de 2026, el caso no figuraba en el buscador público de la Oficina Anticorrupción (OA).
«Esa presunta omisión afectó un requisito clave de transparencia», sostiene el escrito judicial, que encuadra los hechos en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
El conflicto escaló tras una investigación periodística que reveló la millonaria adjudicación para el Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027. Ante la polémica, el canciller Pablo Quirno salió al cruce negando cualquier tipo de irregularidad, argumentando que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018 y que, debido al parentesco, se dio intervención a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la OA.
Sin embargo, para los denunciantes la falta de publicación oficial en la web de transparencia rompe la legalidad del proceso. Además, solicitaron que se investigue un contrato previo de 2024 entre las mismas partes para verificar si las declaraciones juradas de intereses fueron actualizadas y publicadas conforme a la ley.
Claves de la denuncia
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Monto: $114.044.133 con opción de prórroga.
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Imputados: Federico Sturzenegger y funcionarios de la Subsecretaría de Coordinación.
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La prueba: Capturas que demostrarían la ausencia del trámite en los registros públicos de la OA al momento de la denuncia.
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Justicia: El caso deberá ser sorteado para determinar qué juzgado federal llevará adelante la instrucción.
