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Crisis en la obra social militar: denuncian falta de cobertura y apuntan contra la gestión de Petri

La situación de la obra social de las Fuerzas Armadas atraviesa un fuerte conflicto luego de que el gobierno de Javier Milei dispusiera la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas. Según denuncian afiliados y fuentes militares, la transición hacia la nueva entidad anunciada —la IOSFA— todavía no se concretó y dejó a miles de uniformados sin cobertura médica en distintas partes del país.

Denuncias por falta de atención médica

De acuerdo con testimonios de integrantes de las Fuerzas Armadas, en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca y San Miguel de Tucumán, entre otras localidades del norte del país, los afiliados se encuentran actualmente sin cobertura médica.

Un oficial que sigue de cerca el conflicto señaló que la situación no muestra avances. «La novedad es que no hay novedades. Seguimos sin cobertura», sostuvo, al describir el panorama que enfrentan miles de militares y sus familias.

En el caso de Mar del Plata, indicaron que los prestadores dejaron de atender a los afiliados por falta de pago. Según denunciaron, cerca de 20.000 beneficiarios de la zona se encuentran sin servicios médicos, luego de que se acumularan deudas con clínicas como el Hospital Privado de la Comunidad.

Afiliados señalaron que, ante la falta de cobertura, deben afrontar de su propio bolsillo consultas médicas, estudios e incluso cirugías, pese a continuar pagando las cuotas mensuales.

Malestar interno en las Fuerzas Armadas

La crisis sanitaria también derivó en tensiones internas dentro de las Fuerzas Armadas. Tras la asunción del ministro de Defensa Carlos Presti, sectores de la Argentine Air Force expresaron malestar por lo que consideran una fuerte presencia de funcionarios provenientes del Argentine Army en los cargos clave del ministerio y en las entidades vinculadas a Defensa.

Según estas críticas, la futura obra social —OSFA— estaría administrada por oficiales del Ejército, lo que habría generado cuestionamientos dentro de otras fuerzas. Algunas fuentes aseguran que la asignación de recursos estaría priorizando zonas donde el Ejército tiene mayor presencia, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En este contexto, crece la posibilidad de que numerosos afiliados recurran a la justicia para exigir la cobertura de tratamientos médicos mediante medidas cautelares, especialmente en casos de enfermedades graves.

La crisis financiera de IOSFA

El colapso del sistema sanitario militar se vincula con la gestión del exministro de Defensa Luis Petri. Distintas investigaciones periodísticas señalan que durante su administración se habría agravado el déficit financiero del organismo.

Uno de los puntos cuestionados fue un préstamo de 40.000 millones de pesos otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares al IOSFA. Según denuncias, esos fondos que originalmente estaban destinados a inversiones en equipamiento médico habrían sido utilizados para cubrir deudas operativas con proveedores y laboratorios.

De acuerdo con los datos difundidos, la deuda de la obra social pasó de 70.000 millones de pesos a más de 141.000 millones durante 2024, y alcanzó los 210.000 millones a mediados de 2025, lo que reflejaría un déficit estructural del sistema.

Ante este escenario y las denuncias de vaciamiento, el Gobierno nacional resolvió la disolución del IOSFA a comienzos de 2026, aunque la creación efectiva de la nueva estructura aún no se concretó.

Cruce político por la crisis

El tema también generó un fuerte enfrentamiento público entre el exministro Petri y la vicepresidenta Victoria Villarruel en redes sociales.

Villarruel cuestionó la gestión del exfuncionario y reclamó explicaciones por la situación de la obra social militar. «Es preocupante que no responda por el vacío que dejó en IOSFA», expresó, al señalar que la crisis habría dejado a cientos de miles de militares y sus familias sin atención médica en distintos puntos del país.

La vicepresidenta también insinuó posibles irregularidades en la administración anterior y sostuvo que sigue de cerca la investigación judicial vinculada a la gestión del organismo.

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