Tras sesenta días de una profunda intervención institucional y territorial, la presidenta de la Cámara de Apelaciones local, la Dra. María Marta Nieto, expuso de manera minuciosa las conclusiones finales de la auditoría realizada sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia. Esta intervención, dispuesta originalmente por el Acuerdo Plenario N° 5659 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, surgió como respuesta institucional ante la fuerte conmoción pública provocada por el «Caso Ángel» —el niño de 4 años cuya guarda generó duros cuestionamientos en la sociedad— y las reiteradas quejas de los diversos operadores jurídicos del fuero (abogados, asesores de familia y defensores públicos) respecto de las demoras estructurales del sistema.
El extenso y detallado informe técnico ya fue elevado al STJ, y la Dra. Nieto recomendó formalmente el cierre de la intervención directa al considerarse cumplimentados los objetivos de diagnóstico y supervisión, sugiriendo trasladar el monitoreo futuro a la Coordinación Provincial de los Equipos Técnicos.
En su presentación, la magistrada fue tajante e inflexible respecto a la delimitación de funciones dentro de un engranaje judicial que se encontraba al borde del colapso, advirtiendo que el diseño del abordaje familiar es «responsabilidad exclusiva del equipo técnico». Con esto, marcó una frontera nítida e infranqueable: ni los jueces de familia deben delegar su responsabilidad jurisdiccional o el peso de sus sentencias en las conclusiones de los psicólogos, ni los profesionales del ETI deben inmiscuirse en estrategias que corresponden estrictamente al campo del Derecho.
«Abordar una auditoría de un equipo técnico interdisciplinario es un desafío muy sensible porque allí no solo se gestionan expedientes, sino que se gestionan crisis humanas. Estamos hablando de violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, y de problemáticas profundas que atraviesan las familias en sus múltiples formas de constitución.»
— Dra. María Marta Nieto, Presidenta de la Cámara de Apelaciones
El fin de una excusa: Infraestructura óptima, falencias de gestión
Uno de los puntos más reveladores de la primera etapa del diagnóstico fue el derribo de un argumento recurrente: la supuesta falta de presupuesto o de insumos materiales de trabajo. Tras auditar a las áreas de Informática, Recursos Humanos y relevar las condiciones edilicias y patrimoniales, la investigación judicial dictaminó una «Suficiencia de Recursos Base».
El informe determinó fehacientemente que el ETI —compuesto en la actualidad por 8 trabajadoras sociales, 8 psicólogas y un agente administrativo— dispone del personal, la infraestructura y las herramientas necesarias para el giro normal de sus competencias.
Según detalló la jueza de Cámara, en los últimos tres años el organismo fue fortalecido de manera constante con:
-
Vehículos oficiales (para realizar los informes socioambientales y las visitas domiciliarias sin retrasos).
-
Dispositivos móviles asignados exclusivamente para la cobertura de las guardias pasivas y activas.
-
Conectividad digital plena y un espacio físico propio en la planta baja y primer piso del edificio judicial que cuenta con 173 metros cuadrados, además de una obra en concurso para ampliarlo en la Ciudad Judicial a un sector exclusivo de 335 metros cuadrados con 22 oficinas individuales.
Con estos datos sobre la mesa, la auditoría concluyó de forma categórica que las deficiencias detectadas no responden a una carencia de insumos, sino a desregulaciones operativas, desajustes procedimentales, rigideces en los procesos internos y severas fallas de articulación forense.
Los tres grandes «nudos críticos» que paralizaban las respuestas urgentes
Para trazar esta radiografía, la Dra. Nieto no se limitó a revisar estadísticas abstractas; se trasladó durante más de tres semanas al territorio y analizó minuciosamente y al azar más de 30 expedientes en trámite —algunos de ellos con complejidades análogas a las del Caso Ángel y otros con problemáticas diversas—. El análisis de la casuística desnudó tres obstáculos de altísima incidencia que retrasaban el restablecimiento de los derechos de los sectores más vulnerables de la comunidad:
1. El colapso de las agendas y turnos a «largo plazo» en casos de violencia
La auditoría detectó que durante el mes de abril se estaban asignando turnos de atención técnica cuyas fechas se extendían hasta el mes de junio. «Si uno piensa en una situación de violencia intrafamiliar o de riesgo severo para un menor, dos meses de espera es un plazo alarmante e inaceptable», remarcó la magistrada. Cuando el ETI recibía una denuncia de violencia remitida por la policía o el juzgado, la asignación de la dupla profesional solía dilatarse si ya existían medidas de protección vigentes dictadas de forma preliminar por el juez, postergando la entrevista presencial que debía determinar si esas restricciones eran realmente las adecuadas para frenar la escalada del conflicto.
2. Una escandalosa tasa de ausentismo del 35%
Los números arrojados por la Secretaría de Planificación fueron contundentes: de 536 turnos otorgados en el período analizado, 189 se perdieron debido a la inasistencia de las familias citadas. Este ausentismo crónico del 35.26% provocaba un tremendo e infundado desgaste operativo y una parálisis en la rotación de las agendas. La brecha se explicaba por la absoluta inexistencia de mecanismos automatizados de recordatorio de turnos, graves fallas o demoras en la localización y notificación de los grupos familiares, y una superposición de tareas manuales repetitivas en el sector administrativo que impedía realizar un seguimiento telefónico o digital preventivo para confirmar las asistencias.
3. El corrimiento de los jueces y la «saturación por actualizaciones»
La auditoría advirtió un fenómeno preocupante en el funcionamiento del Fuero de Familia: una creciente automatización del litigio provocada por el aumento exponencial de la conflictividad social, lo que derivó en un paulatino corrimiento o distanciamiento de la presencia física y activa del juez en el caso concreto. Para compensar esta distancia, los juzgados adoptaron la práctica sistemática de requerir constantes e innecesarias «actualizaciones» de informes técnicos sobre el mismo grupo familiar. Esta práctica saturaba por completo las agendas de los profesionales del ETI, restando tiempo físico y disponibilidad absoluta para el tratamiento y admisión de los nuevos casos urgentes.
Además, se constató que las profesionales del equipo técnico arrastraban una notable asimetría en sus cargas horarias y de atención (mientras que algunos agentes promediaban tres entrevistas diarias, otros abordaban cinco), sumado a que menos del 30% del personal del legajo registraba capacitaciones técnicas actualizadas.
El Plan de Acción: Las medidas de shock ordenadas para reordenar el fuero
A partir de los desvíos detectados en las etapas de diagnóstico, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ya dispuso y notificó la implementación inmediata de la totalidad de las reformas de gestión sugeridas en el informe de la auditoría. Los cambios apuntan a desburocratizar el sistema, optimizar el uso del tiempo público y garantizar una atención con mayor celeridad y calidad humana:
| Problema Identificado | Medida Operativa de Implementación Obligatoria | Impacto Esperado en el Servicio |
| 35.26% de turnos perdidos por inasistencia | Creación y ejecución de un Protocolo de Confirmación Previa administrado de forma obligatoria por el sector administrativo mediante alertas digitales o llamadas telefónicas preventivas. | Mitigar la deserción de los usuarios y reasignar de manera dinámica e inmediata los espacios que queden liberados en la agenda. |
| Rigidez y retraso en las citas de riesgo | Readecuación integral del manejo de las agendas de las profesionales del ETI, equiparando la cantidad de entrevistas diarias por cada dupla técnica. | Adelantar de manera sustancial los turnos demorados, logrando que las citas programadas para junio se traccionen de forma prioritaria hacia mayo. |
| Pedidos de informes excesivos y repetitivos | Convocatoria inmediata a una Mesa de Trabajo conjunta con el Colegio de Jueces de Familia para unificar y estandarizar los «criterios de oportunidad». | Evitar que el ETI se transforme en la llave de acceso recurrente a la jurisdicción, racionalizar las solicitudes y robustecer la presencia soberana del juez en la resolución final. |
| Intervenciones estancas y sobreintervención | Diseño de un Mapeo y Delimitación Estricta de Competencias Interinstitucionales frente al Servicio de Protección de Derechos (SPD), Oficina de Adopciones y Direcciones Municipales. | Impedir que el ETI absorba por omisión las tareas de acompañamiento familiar que corresponden a la administración pública, evitando la revictimización y el «pase de pelota». |
| Burocracia en la carga de datos del sistema | Exigir a la Secretaría de Informática el desarrollo de un módulo de automatización en el sistema de gestión judicial Machi. | Generación automática de constancias de asistencia a entrevistas, liberando al personal administrativo de labores manuales para enfocarlos en el soporte técnico. |
Un cambio de paradigma: De la mirada de género a la «Perspectiva de Vulnerabilidad»
Hacia el cierre de su exposición, la Dra. María Marta Nieto colocó especial énfasis en el enfoque humano y el lenguaje con el que el Poder Judicial debe vincularse con el ciudadano común que atraviesa una crisis. En ese sentido, anunció que las nuevas capacitaciones obligatorias dispuestas por el máximo tribunal provincial para todos los operadores jurídicos de la circunscripción exigirán un profundo cambio de enfoque teórico y práctico: desplazar de forma progresiva el eje exclusivo de la perspectiva de género para adoptar una visión mucho más amplia y comprensiva de la Perspectiva de Vulnerabilidad Integral.
Este nuevo paradigma busca devolverles la visibilidad y el derecho a ser oídos de manera eficaz a otros sectores históricamente postergados e invisibilizados dentro de los litigios del fuero de familia, tales como los niños frente a las disputas encarnizadas de sus progenitores, las personas con discapacidad y, de manera muy especial, la población de la tercera edad.
«A los adultos mayores les pasa exactamente lo mismo que a los niños pequeños en el sistema actual: muchas veces no los escuchan, directamente no los ven, no se les presta la debida atención a sus relatos y se ignoran sus realidades específicas. Es un sector muy numeroso de nuestra población que sufre recurrentemente la vulneración de sus derechos fundamentales y carece de canales eficientes para acudir en busca de amparo», sentenció con severidad la magistrada de Cámara. Con este severo diagnóstico conceptual, concluye una intervención histórica que promete clausurar la era de la inercia burocrática e inaugurar una etapa de estricta responsabilidad institucional y humanización de la justicia familiar en Comodoro Rivadavia.
