En diálogo con Radio del Sur 97.1, el jefe de fiscales de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió al debate por la posible implementación de la Ley Antimafia en la provincia y su aplicación frente a casos de violencia vinculados a organizaciones criminales, como los recientes hechos ocurridos en Comodoro Rivadavia.
El funcionario explicó que la normativa nacional fue pensada para combatir estructuras delictivas organizadas y podría ser utilizada en la provincia, aunque advirtió que requiere adhesión legislativa en algunos aspectos procesales.
«La ley tiene como finalidad brindar herramientas para la investigación y sanción de organizaciones criminales, es decir, grupos de tres o más personas que cometen delitos de manera coordinada», señaló.
En ese sentido, indicó que la norma contempla tanto modificaciones al Código Penal como disposiciones procesales, lo que obliga a las provincias a adherir para su plena aplicación. «Las cuestiones procesales sí requieren adhesión de la Legislatura para poder ser aplicadas en el ámbito provincial», aclaró.
No obstante, Miquelarena remarcó que el sistema actual ya cuenta con herramientas suficientes para avanzar en investigaciones de este tipo. «Si me preguntan si estos hechos se pueden investigar con el código procesal que tenemos en la provincia, la respuesta es sí, por supuesto», afirmó.
Al ser consultado sobre los recientes episodios de violencia vinculados a disputas entre grupos familiares, consideró que encuadran dentro de los supuestos previstos por la ley. «Cuando uno analiza los artículos, se da cuenta de que perfectamente estos hechos podrían encuadrar en esta normativa», explicó, al tiempo que mencionó delitos como homicidio, asociación ilícita y tenencia de armas.
Sin embargo, evitó realizar valoraciones puntuales sobre causas judiciales específicas y sostuvo que sería «injusto opinar sin conocer en detalle los expedientes». Aun así, reconoció que algunos de los involucrados ya habían sido condenados previamente.
«Es un hecho objetivo que algunos de estos individuos fueron sometidos a proceso y recibieron condenas importantes», indicó.
En otro tramo de la entrevista, el jefe de fiscales se refirió a los límites de la actuación judicial frente a problemáticas más amplias. «Muchas veces estamos yendo a las consecuencias y no a lo que pasó antes», reflexionó, y agregó que existen responsabilidades que exceden el ámbito penal.
Sobre la posibilidad de avanzar contra eventuales responsabilidades de terceros, como empleadores o actores políticos, fue cauteloso. «Para imputar responsabilidad penal hay que acreditar conocimiento e intención. No alcanza con suposiciones; es la última instancia y la más grave», explicó.
Finalmente, Miquelarena subrayó la necesidad de un abordaje integral del problema.
«La responsabilidad penal es la última de las responsabilidades. Antes hay otras, como las administrativas, políticas o civiles, que también deben ser consideradas», concluyó.
