El Senado de la Nación tratará este miércoles una versión reducida del proyecto de ley sobre propiedad privada, cuyo principal objetivo es agilizar los desalojos de inmuebles ocupados de manera ilegal. La iniciativa también introduce cambios en las expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y la regularización de escrituras.
El debate comenzará a las 14, luego de que el tratamiento fuera postergado el pasado 16 de julio por diferencias en torno al capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros, que finalmente fue eliminado del texto.
Con esa modificación, el oficialismo buscará avanzar con una propuesta impulsada por el Ministerio de Desregulación que reúne reformas en distintas normas vinculadas al derecho de propiedad.
Cómo funcionarán los desalojos
Uno de los puntos centrales del proyecto establece un procedimiento más rápido para recuperar inmuebles usurpados o ocupados de forma precaria.
En esos casos, el juez podrá ordenar la restitución inmediata del bien cuando el propietario acredite, mediante documentación, la verosimilitud de su derecho. Además, tendrá la facultad de intimar al ocupante para que entregue el inmueble dentro de las 72 horas.
En cuanto a los inquilinos con deudas de alquiler, el proyecto mantiene un procedimiento diferente. El propietario deberá enviar previamente una carta documento o una notificación por correo electrónico otorgando un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la situación.
Si el incumplimiento persiste, podrá iniciar la demanda de desalojo, que deberá ejecutarse en un plazo de hasta diez días hábiles.
La iniciativa también aclara que el propietario no podrá rechazar la devolución de las llaves ni imponer condiciones para recibirlas, aunque conservará el derecho a reclamar judicialmente cualquier deuda pendiente.
En los casos en que haya menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes para garantizar una solución habitacional transitoria antes de concretar el desalojo.
Cambios en las expropiaciones
El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones al establecer que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse con un criterio restrictivo y estar debidamente fundamentada por el Estado.
Además, fija un límite del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante y determina que el cálculo de los intereses se realizará tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.
Asimismo, establece que el Estado no podrá concretar la transferencia del inmueble sin haber abonado previamente la indemnización correspondiente, aunque podrá solicitar la posesión anticipada del bien.
Reforma de la Ley de Manejo del Fuego
Otro de los cambios previstos es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
El proyecto elimina la prohibición que impedía durante 30 años cambiar el uso de tierras rurales afectadas por incendios en zonas agropecuarias y periurbanas.
En el caso de los bosques nativos, continuará prohibido modificar el destino de las superficies incendiadas, aunque se elimina el plazo de 60 años que establecía la legislación vigente.
Escrituras digitales y regularización dominial
La propuesta también impulsa la digitalización de los Registros de la Propiedad, permitiendo la presentación de documentación electrónica en todo el país.
Además, introduce modificaciones a la denominada Ley Pierri para facilitar la regularización dominial de viviendas únicas, permitiendo acceder a la escritura a quienes acrediten una posesión pública durante los diez años previos.
