A través de un nuevo protocolo de trabajo, buscan agilizar las investigaciones judiciales y garantizar que los veterinarios municipales aporten pruebas clave en las causas por crueldad.
En un paso decisivo para la protección de los derechos de los animales en la provincia, el municipio de Comodoro Rivadavia y el Ministerio Público Fiscal (MPF) establecieron esta semana pautas de trabajo conjunto. El objetivo es claro: optimizar la respuesta institucional ante denuncias de maltrato y aceitar los mecanismos de rescate e intervención técnica en el territorio.
La reunión estuvo encabezada por el secretario de Control Operativo y Urbano, Miguel Gómez, quien recibió a la fiscal Verona Dagotto y a Silvia Chaura, referentes del equipo especializado en maltrato animal del MPF. Durante el encuentro, se delineó un esquema donde la fiscalía liderará la etapa investigativa, mientras que la Dirección General de Veterinaria municipal proveerá los profesionales necesarios para realizar informes técnicos y brindar asistencia médica inmediata a los ejemplares rescatados.
Visto bueno para el Centro de Salud Animal
Como parte de esta articulación, las autoridades de la fiscalía realizaron una inspección integral en las instalaciones del Centro de Salud Animal (anteriormente conocido como dispensario municipal). El propósito de la visita fue constatar de primera mano el estado sanitario y las condiciones de habitabilidad de los animales que se encuentran bajo custodia tras ser retirados de situaciones de violencia o abandono.
Los resultados de la supervisión fueron alentadores. Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron el buen estado general de los ejemplares y los cuidados recibidos, calificando la experiencia como positiva. Por su parte, el municipio confirmó que ya se están incorporando sugerencias técnicas realizadas por la fiscalía para elevar aún más los estándares del servicio veterinario público.
Informes médicos como pieza clave en la Justicia
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la validez que cobrarán las intervenciones de los profesionales locales. Con los nuevos protocolos, los informes elaborados por los veterinarios municipales servirán como prueba fundamental en los expedientes judiciales que tramite el equipo especializado del MPF.
Esta cooperación estratégica no solo permite agilizar los tiempos procesales, sino que refuerza la capacidad del Estado para intervenir de manera efectiva en casos de crueldad animal. La iniciativa se presenta como un modelo de gestión compartida que busca garantizar el bienestar de los animales en la región, unificando la investigación judicial con la acción administrativa directa.
