Con un acatamiento del 95% que incluye a bomberos y penitenciarios, los efectivos limitan sus tareas a emergencias. Reclaman una actualización urgente del básico y denuncian que la crisis obliga a comisarios a trabajar como choferes de Uber.
La Policía de la provincia de Santa Cruz atraviesa una profunda crisis interna que ha desembocado en una medida de fuerza generalizada en todo el territorio provincial. Los efectivos policiales denuncian que los sueldos actuales no llegan a cubrir el costo de la canasta básica regional, lo que ha llevado al sector a implementar un plan de lucha que mantiene bajo mínimos la actividad preventiva de la fuerza.
El conflicto, que comenzó a gestarse hace meses con el intento de reactivar el Consejo del Salario Policial, adoptó una modalidad de protesta particular para evitar sanciones legales y no desproteger por completo a la comunidad. El personal se presenta a las comisarías con el uniforme reglamentario, pero restringe sus labores exclusivamente a la atención de urgencias y emergencias, suspendiendo los patrullajes preventivos habituales. A la par, se mantiene un acampe que fue iniciado por el sector de retirados.
Víctor Cortéz, referente del reclamo policial, explicó que se llegó a esta instancia extrema tras agotar todas las vías de diálogo formales. «Empezamos con un bocinazo allá por el 8 de febrero y el gobierno siempre hizo oídos sordos», lamentó el dirigente, quien remarcó que las propuestas oficiales basadas en sumas fijas fueron rechazadas por ser insuficientes y por excluir a los trabajadores retirados y pensionados.
Comisarios en la indigencia y haciendo Uber
La radiografía económica que describen desde el interior de la fuerza es alarmante. Según detalló Cortéz, un agente que recién ingresa a la institución percibe un salario de bolsillo que oscila entre los $800.000 y $900.000, una cifra que queda muy por debajo del costo de vida en la Patagonia. «Esto no es un capricho, realmente es una necesidad; hoy tenemos efectivos que prácticamente están en la indigencia, camaradas desalojados o que no pueden pagar la luz o el gas», graficó.
El punto más álgido de la denuncia expone la pérdida del poder adquisitivo incluso en los rangos más altos de la jerarquía policial. “Hoy es muy crítica la situación: tenemos comisarios mayores aquí que están haciendo Uber. Yo con 20 años de servicio jamás vi que un comisario mayor tenga que salir a trabajar afuera para poder llegar a fin de mes”, manifestó con crudeza el referente.
Para revertir este escenario, el petitorio de los trabajadores exige elevar el valor del «punto policial» a $4.400. Esta modificación permitiría que el sueldo inicial de un ingresante alcance aproximadamente los $2.219.000 mensuales, logrando además un impacto equitativo en toda la escala salarial, incluyendo a los pasivos.
Definición política
La medida de fuerza cuenta con un respaldo masivo, alcanzando un 95% de acatamiento entre el personal policial, de bomberos y del servicio penitenciario. A pesar del fuerte malestar, desde la organización aclararon de forma enfática que no se trata de un acuartelamiento, garantizando que el servicio de atención a emergencias ciudadanas no se verá interrumpido.
El futuro del conflicto se trasladará ahora a los despachos oficiales. Los representantes del reclamo adelantaron que la próxima mesa de negociación está pautada para el martes 23 de junio. No obstante, los efectivos han solicitado formalmente una audiencia directa con el gobernador de la provincia, bajo la premisa de que destrabar la paritaria requiere de una determinación política de primera línea. Los próximos días serán determinantes para saber si se arriba a un acuerdo o si la parálisis preventiva en las calles de Santa Cruz tiende a profundizarse.
Con información de ADN sur.
