El fiscal Facundo Oribones ratificó el informe de la Junta Médica oficial que descarta que las lesiones fueran causadas por un electroencefalograma. Además, se opuso al pedido de intervención de la Corte Suprema por considerar que busca dilatar los plazos de la investigación.
El Ministerio Público Fiscal ratificó la hipótesis acusatoria contra Mariela Altamirano y Michel González por la muerte de Ángel López, desestimando de forma contundente la estrategia de las defensas, que buscaban atribuir las marcas en el cráneo de la víctima a un procedimiento médico hospitalario.
Los defensores de los imputados habían planteado que las «infiltraciones hemáticas» detectadas en el cuero cabelludo del menor podrían haber sido provocadas por los chupones utilizados durante un electroencefalograma en su etapa de internación. Sin embargo, el fiscal de la causa, Facundo Oribones, respaldó el informe elaborado por la Junta Médica del Superior Tribunal de Justicia —integrada por los doctores Bébolo, Dalí y Marimán—, el cual concluye que dichas lesiones no guardan ninguna relación con ese tipo de estudios clínicos. El funcionario judicial graficó que la presión de los elementos médicos es apenas comparable a la de un velcro, mientras que la autopsia describe daños internos compatibles con traumatismos por golpes.
Frente a este escenario, las abogadas defensoras solicitaron la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revisar las conclusiones locales. La Fiscalía adelantó su total oposición a este requerimiento por entender que no existen contradicciones reales en las pericias oficiales y advirtió que dar lugar al máximo tribunal nacional implicaría un retraso de al menos diez meses en el desarrollo de la causa. Oribones remarcó que cualquier discrepancia técnica planteada por las partes debe ser debatida y evacuada mediante el interrogatorio directo a los profesionales durante el juicio oral.
La investigación penal preparatoria continuará sumando material probatorio mediante la incorporación de testimonios de vecinos, personal médico y docentes del entorno de la víctima. Desde los tribunales estiman que la recolección de pruebas concluirá en el mes de octubre, momento en el cual la Fiscalía estará en condiciones de presentar la acusación formal y requerir la elevación a juicio, manteniendo sin modificaciones la plataforma fáctica y la imputación original contra Altamirano y González.
