Claudio Petris, presidente de la AMFJCH, dialogó con Radio del Sur 97.1, y habló sobre la retrotracción de aumentos salariales a los miembros del STJ; y las denuncias penales por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y el pedido de juicio político a Javier Raidan.
Tras denuncias presentadas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH), el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia retrotrajo los aumentos salariales que se había aplicado a sus miembros. La decisión, adoptada el lunes, responde a una solicitud, no una exigencia, de la asociación, según declaró su presidente, Claudio Petris.
Petris explicó que «la asociación había solicitado información al Tribunal, recibiendo una respuesta con plazos vencidos, instándonos a presentarnos en la mesa de entrada para acceder a la información solicitada». Esta información era necesaria para evaluar el impacto de la derogación de las acordadas que establecían los aumentos, acordadas que datan del 18 de marzo.
Si bien la retrotracción de los aumentos, anunciada también por el procurador general, Jorge Miquelarena, y el defensor general, Sebastián Daroca, implica teóricamente la devolución del dinero cobrado indebidamente desde marzo, Petris aclaró que la situación no es tan simple. El magistrado señaló que «el análisis de las denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y otras figuras, requiere un estudio profundo, considerando que las acordadas fueron derogadas».
«La asociación, compuesta por jueces, fiscales y defensores, consultará con otros abogados para asegurar la solidez de las acciones judiciales, que incluyen denuncias penales y un pedido de juicio político», agregó; y afirmó que «la decisión sobre el curso de estas acciones la tomará la asamblea de la asociación, yo no participo en la votación».
Por otro lado, Petris también destacó la falta de diálogo entre el Tribunal y la asociación, afirmando que el diálogo fue interrumpido por el propio Tribunal. «Desde la Asociación siempre fueron convocados al diálogo, siempre nos hemos movido con mucho respeto. El diálogo se interrumpió porque lo interrumpieron ellos», destacó.
Finalmente, opinó sobre la situación de la ministra Silvia Bustos, quien se encuentra exenta del pago de impuestos a las ganancias. En ese contexto, Petris explicó que «la ley establece que los jueces ingresados a partir del 1° de enero de 2017 deben pagar impuestos», pero que la situación de Bustos, que logró la exención, «requiere un análisis más profundo».
La asociación aún no ha presentado las denuncias penales, a la espera de obtener toda la información necesaria.
