A través de un monitoreo permanente de la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género, la provincia eliminó las trabas burocráticas y logró pasar de 12 a 37 menores amparados por esta reparación económica y de salud vital.
El Poder Judicial de Chubut ha marcado un hito en la protección de las infancias más vulnerables de la provincia. Coincidiendo con un nuevo aniversario de la sanción de la Ley Nacional N° 27.452 —conocida popularmente como Ley Brisa—, la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género (OM-OVG) del Superior Tribunal de Justicia anunció que se logró triplicar el alcance de esta normativa en el territorio chubutense, consolidando un total de 37 beneficiarios al 30 de junio de 2026.
Este salto cuantitativo y cualitativo es el resultado directo de un sistema de seguimiento permanente implementado a partir del año 2020. Antes de que se pusiera en marcha este estricto mecanismo de control y búsqueda activa, la provincia registraba apenas 12 personas beneficiarias. Hoy, la realidad muestra que 25 nuevos niños, niñas y adolescentes fueron rescatados del olvido administrativo e incorporados al régimen de protección estatal.
Un escudo económico y de salud para las infancias rotas
La Ley Brisa no es un subsidio común; es una herramienta de reparación urgente. Establece un régimen de reparación económica mensual (equivalente a un haber jubilatorio mínimo) y una cobertura integral de salud hasta los 21 años (o de por vida en caso de personas con discapacidad).
Este derecho está destinado específicamente a los hijos e hijas cuyos progenitores hayan sido víctimas de femicidio, o hayan fallecido como consecuencia de hechos de violencia de género o intrafamiliar. El propósito central de la legislación es garantizar condiciones básicas de subsistencia y acompañamiento médico, abrazando a las infancias que quedan en una situación de extrema vulnerabilidad tras perder de manera trágica a sus referentes de crianza.
La fórmula del éxito: Cooperación total contra la burocracia
El éxito de Chubut para destrabar expedientes que históricamente tardaban meses o años en aprobarse radica en una decidida articulación interinstitucional. La OM-OVG logró sentar en una misma mesa de trabajo a los fueros civil y penal junto a una red de organismos locales y nacionales que agilizaron la percepción de los haberes y las coberturas médicas.
«El incremento sostenido responde a una búsqueda activa y a la remoción de obstáculos administrativos que históricamente demoraban el acceso a estos derechos de seguridad social y salud», destacaron desde el Poder Judicial.
El monitoreo integral que hoy pone a la provincia a la vanguardia cuenta con la participación coordinada de un engranaje fundamental:
-
A nivel judicial y ministerial: Las Asesorías de Familia de las distintas circunscripciones (claves para agilizar trámites en este 2026), el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa Pública.
-
A nivel de asistencia: Los Servicios de Protección de Derechos y el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV).
-
A nivel nacional: La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Con esta política de estado judicial, Chubut demuestra que la justicia no solo debe dictar sentencias, sino también garantizar de manera activa que el Estado llegue a tiempo para reparar el futuro de las víctimas colaterales de la violencia de género.
