Afrontan cargos por robo agravado, privación ilegítima de la libertad y coacción. Aunque la Fiscalía exigió cuatro meses de prisión preventiva efectiva, el juez resolvió la morigeración con estricto control policial bajo advertencia de traslado a la comisaría ante el menor incumplimiento.
ESQUEL. En una audiencia de formalización de la investigación, la Fiscalía presentó cargos formales contra dos jóvenes involucrados en una violenta seguidilla delictiva que incluye robo agravado, privación ilegítima de la libertad y coacción agravada. A partir de la resolución judicial, el equipo investigador dispondrá de un plazo de seis meses para recolectar pruebas y presentar la acusación pública correspondiente.
El caso, conducido por el fiscal Ezequiel Forti y el procurador de fiscalía Carlos Cavallo, abarca un total de cinco legajos acumulados:
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Primer legajo: Hurto y defraudación mediante el uso de una tarjeta de crédito sustraída.
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Segundo legajo: Robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, junto con privación ilegítima de la libertad.
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Tercer legajo: Robo de una motocicleta.
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Cuarto legajo: Robo agravado por el empleo de una picana eléctrica.
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Quinto legajo: Coacción agravada.
El pedido de la Fiscalía vs. el planteo de la defensa
Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Publico Fiscal argumentaron la necesidad imperiosa de aplicar cuatro meses de prisión preventiva efectiva. Fundamentaron la medida en el latente peligro de fuga, la elevada pena en expectativa y la severidad de los hechos, con especial énfasis en el nivel de violencia desplegado, la pluralidad de delitos cometidos y los antecedentes penales que registra uno de los dos imputados.
Por su parte, la defensa rechazó la medida privativa de la libertad en un establecimiento carcelario y solicitó alternativas menos gravosas. En su alegato, argumentó la inexistencia de riesgo procesal, sosteniendo que los acusados mantuvieron un buen comportamiento durante la tramitación de la causa y que no ejecutaron ninguna acción orientada a entorpecer el accionar de la justicia.
La decisión judicial: arresto domiciliario con severa advertencia
Al momento de resolver, el juez interviniente dio por acreditado que la Fiscalía aportó elementos suficientes para considerar, en esta instancia inicial, que los imputados son presuntos autores de los delitos atribuidos. Asimismo, destacó la gravedad de los ataques y la conmoción social que suscitaron en la comunidad, más allá del daño directo provocado a las víctimas.
Sin embargo, el magistrado valoró factores favorables a la conducta procesal de los acusados: remarcó su fuerte arraigo en la localidad y el hecho de que se presentaron a la audiencia por sus propios medios, aun en condiciones climáticas adversas, aguardando de manera voluntaria el inicio de la sesión que se vio demorada por un corte generalizado del suministro eléctrico.
En función de estos elementos, el juez dictó el arresto domiciliario por el término de cuatro meses. La medida establece la prohibición absoluta de abandonar sus viviendas y quedará sujeta a un esquema de rondines periódicos por parte de personal de la Comisaría Segunda. En su dictamen, el magistrado enfatizó que cualquier inconducta, violación de las pautas o incumplimiento derivará de forma automática en el traslado e ingreso a una comisaría para el cumplimiento de la prisión preventiva en modalidad efectiva.
