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Dilema ético y vacío legal: qué pasa con los embriones criopreservados sin usar en la Argentina

Sin un marco regulatorio específico, miles de familias enfrentan incertidumbre jurídica y costos emocionales al decidir el destino de los embriones sobrantes de sus tratamientos de fertilidad.

BUENOS AIRES. Muchas de las personas que recurren a las técnicas de reproducción asistida en la Argentina deben enfrentarse a un complejo dilema ético, económico y legal una vez alcanzado el objetivo de concebir: determinar qué hacer con los embriones que no fueron implantados y permanecen congelados. La falta de una legislación nacional que regule explícitamente su destino —ya sea la conservación, la donación, la cesión para investigación o el descarte— mantiene a pacientes y centros de salud en un escenario de total desamparo normativo.

Fátima Silva, abogada especialista en derecho de familia, explicó las implicancias de esta problemática en Infobae en Vivo, destacando la carga afectiva que conlleva desde el inicio el proceso de reproducción asistida. «Cuando no podés tener familia, el primer paso es empezar a averiguar, y eso ya implica un costo emocional enorme», señaló la letrada, al tiempo que detalló que, con frecuencia, los ciclos de estimulación generan varios embriones y muchos pacientes logran el embarazo en los primeros intentos, dejando un remanente criopreservado.

Las cifras del dilema y el impacto de la ley de IVE

De acuerdo con las estimaciones de la especialista, alrededor del 50% de los pacientes opta inicialmente por mantener guardados los embriones sobrantes. Siete de cada diez asumen el costo anual de mantenimiento —que ronda los 200 dólares—, mientras que un 30% elige cederlos para fines científicos. En tanto, entre un 15% y un 25% decide donarlos para que otras personas logren gestar.

El verdadero conflicto surge cuando la familia decide no tener más hijos. Anteriormente, los centros de fertilidad evitaban el descarte de material biológico por temor a represalias legales. Sin embargo, la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) marcó un punto de inflexión.

A partir de dicha normativa, las clínicas comenzaron a intimar a los titulares para que definan la situación de sus embriones bajo advertencia de descartarlos si no responden en un plazo determinado. Ante esto, muchos titulares prefieren volcarlos a la donación para evitar su destrucción, lo que a su vez representa una vía de menor costo económico para los receptores.

Interpretaciones judiciales dispares y el riesgo sobre la identidad

Silva remarcó que la donación de embriones no constituye un acto comercial, sino altruista. Pese a ello, el vacío normativo repercute de lleno en el fuero judicial, con magistrados que aplican criterios contrapuestos al momento de tramitar las adopciones de estos embriones. «Para los jueces que admiten la adopción desde el primer momento, la vida inicia allí; otros consideran que no hay vida hasta un estadio posterior», precisó la abogada.

Asimismo, la especialista advirtió sobre las severas consecuencias en el derecho a la identidad y el acceso al historial genético de las personas nacidas mediante este sistema:

  • Información acotada: A diferencia de la donación individual de óvulos o esperma —donde los centros resguardan antecedentes médicos de los donantes—, en la donación de embriones los receptores habitualmente no acceden a los datos de origen.

  • Sin registros obligatorios: Ante la falta de exigencia legal, las clínicas no están obligadas a conservar ni a brindar información sobre la trazabilidad o existencia de eventuales hermanos genéticos.

  • Complicaciones médicas: La ausencia de datos familiares puede complejizar el diagnóstico y abordaje de patologías futuras en los niños nacidos por esta vía.

Falta de bancos públicos e incertidumbre persistente

En el país existen bancos públicos y privados para gametos (óvulos y esperma), pero no así un banco público de embriones, por lo que el resguardo recae exclusivamente en la estructura de los centros privados de fertilidad.

Esta dispersión provoca que muchas familias, tras dejar de abonar el mantenimiento por dificultades económicas o emocionales, desconozcan el destino final de su material biológico. Ante este panorama, Silva aconsejó a quienes mantengan dudas acercarse a los centros de fertilidad correspondientes para exigir precisiones sobre la situación actual de sus embriones.

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