Argentina obtuvo un nuevo respaldo clave en el juicio internacional por la expropiación de YPF. Esta vez, el apoyo vino nuevamente del gobierno de Estados Unidos, que se presentó ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York como amicus curiae (amigo del tribunal), argumentando que forzar la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera estatal violaría la inmunidad soberana del país.
El documento presentado por la administración estadounidense, bajo el liderazgo de Donald Trump, se suma al que ya había firmado el Departamento de Justicia en noviembre de 2024. Esta intervención fortalece la posición de Argentina en un litigio que la enfrenta a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, y que podría implicar un pago de más de 16.000 millones de dólares si se cumple la sentencia inicial.
La jueza Loretta Preska había ordenado la transferencia inmediata del paquete accionario, pero la medida quedó en suspenso por un fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que frenó el traspaso por tiempo indefinido. El argumento central es que las normas de inmunidad soberana impiden que se ejecuten fallos que impliquen la entrega de activos estratégicos de un Estado extranjero.
La defensa argentina también insiste en que el artículo 7° del Estatuto de YPF —utilizado por los demandantes como base legal— no puede justificar una expropiación de esa magnitud, y que la operación original se realizó bajo un proceso de nacionalización avalado por el Congreso argentino.
Además de frenar la ejecución en esta causa, la medida también alcanza el litigio vinculado al pago pendiente a los acreedores de la deuda en default de 2001 (caso Bainbridge), lo que significa un alivio importante para el Gobierno nacional.
El contexto interno también está en ebullición: en medio de una fuerte reestructuración dentro de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo despidió a 60 empleados, tras detectar filtraciones de información sensible sobre el caso YPF. Desde Casa Rosada celebraron el respaldo estadounidense como un logro diplomático y legal, producto de una «estrategia exterior firme» y una defensa jurídica sólida.
Incluso se evalúa la posibilidad de que Estados Unidos proponga un mediador entre Argentina y los fondos litigantes para abrir una instancia de negociación que evite consecuencias económicas mayores. La suspensión representa, por ahora, una victoria clave en uno de los juicios más importantes que enfrenta el país a nivel internacional.
