El juicio oral por la causa conocida como «Cuadernos» volverá a desarrollarse este martes desde las 13.30, con la reanudación de las audiencias en las que se prevé la lectura de los descargos presentados por los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra. Tras esta instancia, el tribunal avanzará hacia la valoración de la prueba incorporada al proceso, una etapa decisiva del debate judicial.
De acuerdo a fuentes judiciales, el reinicio del juicio se da en un contexto de reorganización logística, luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera habilitar la Sala AMIA —recientemente remodelada en el edificio de Comodoro Py 2002— como espacio para la realización de juicios orales de gran magnitud. La medida permitirá descomprimir las limitaciones edilicias señaladas por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), encargado de llevar adelante el proceso, y contribuirá a agilizar su desarrollo.
Durante la última audiencia, realizada el jueves pasado, se expusieron detalles sobre el presunto acuerdo entre funcionarios públicos y empresarios para sostener un esquema de recaudación ilegal. La acusación sostiene que entre los años 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita integrada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a exfuncionarios del Ministerio de Planificación como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, además de empresarios vinculados a la obra pública.
Según el Ministerio Público Fiscal, el entramado tenía como objetivo obtener beneficios económicos indebidos mediante maniobras irregulares relacionadas con contratos de obra pública, energía y transporte. El mecanismo consistía en el cobro de retornos, que oscilaban entre el 3% y el 20% del valor de las obras adjudicadas, a cambio de favorecer contrataciones y agilizar pagos.
En su declaración, Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, describió que el sistema se iniciaba en reuniones entre empresas donde se definía quién ejecutaría cada obra y el monto de la dádiva. Esa información luego era transmitida a José López, quien la canalizaba hacia funcionarios de Vialidad Nacional para que los pagos incluyeran los valores acordados.
En paralelo, desde el Poder Judicial se informó que la remodelación de la Sala AMIA fue ejecutada por la Dirección General de Infraestructura Judicial, bajo la supervisión de la Intendencia de la Cámara Federal de Casación Penal. La obra demandó una inversión superior a los 162 millones de pesos y forma parte del Plan General de Obras del Consejo de la Magistratura, orientado a adecuar los espacios judiciales a las exigencias del nuevo Sistema Acusatorio.
