La Justicia de Río Negro dará a conocer hoy la sentencia definitiva contra el anestesiólogo Mauricio Atencio Krause, declarado responsable penal por la muerte de Valentín Mercado Toledo, un niño de apenas cuatro años que falleció tras una intervención quirúrgica en julio de 2024. El caso ha generado una profunda indignación social debido a las negligencias probadas durante el debate oral, que incluyen el uso de redes sociales y llamadas telefónicas en pleno procedimiento médico.
La fiscalía ha solicitado una pena de tres años de prisión en suspenso y diez años de inhabilitación especial para ejercer la medicina. Por su parte, la defensa del profesional pidió que se aplique el mínimo legal, argumentando la falta de antecedentes penales del imputado.
20 minutos de abandono y distracción
Durante el juicio, quedó acreditada una cadena de irregularidades fatales. Según el expediente, Krause no solo abandonó físicamente el quirófano en momentos críticos para buscar un cargador y realizar llamadas, sino que permaneció distraído con su teléfono celular durante al menos 20 minutos.
Esta desatención provocó que la máquina de anestesia dejara de funcionar sin que nadie lo advirtiera a tiempo. El resultado fue un paro cardíaco y una falta de oxígeno irreversible que terminó con la vida del menor. Además, se constató que la sala de operaciones carecía de equipamiento esencial, como un desfibrilador en condiciones, y que el tomógrafo estaba inicialmente desconectado.
«Entró caminando y salió en un cajón»
Los abogados de la familia de Valentín, Agustín Aguilar y Miguel Ceballos, destacaron en declaraciones a la prensa nacional que la operación (una corrección de hernia diafragmática) era una intervención programada y «sencilla».
«El prequirúrgico dio perfecto, el niño no tenía ninguna anomalía. Toda operación tiene riesgos, pero en este caso eran mínimos», señalaron los letrados, quienes además resaltaron que otros colegas anestesiólogos declararon en el juicio que el uso del celular debe limitarse estrictamente a cálculos médicos y jamás para uso personal o redes sociales dentro de una cirugía.
Expectativa por la inhabilitación
Más allá de la pena de prisión condicional, el punto clave de la sentencia reside en la inhabilitación por una década. La querella busca asegurar que el profesional no pueda volver a desempeñarse en el ámbito de la salud, considerando que su conducta rompió el deber básico de cuidado y vigilancia que su función exigía para garantizar la vida del paciente.
La comunidad médica y la sociedad civil aguardan la lectura del fallo, que marcará un precedente sobre la responsabilidad profesional y el uso de dispositivos móviles en áreas críticas de salud.
