En diálogo con Radio del Sur 97.1, el asesor general de Gobierno de Chubut, Emiliano Chialva, aseguró que las modificaciones implementadas en el régimen de licencias para empleados públicos no implican recortes salariales ni pérdida de derechos, y sostuvo que el objetivo de la gestión provincial es «ordenar y modernizar el Estado» tras años de falta de controles.
El funcionario explicó que los cambios surgieron a partir de un relevamiento realizado al inicio de la gestión del gobernador Ignacio Torres, el cual detectó «sobrepoblación» en distintas áreas de la administración pública y múltiples irregularidades vinculadas al control del personal.
«Lo que buscamos es ordenar el Estado, algo que no se hacía hace más de 20 años», afirmó Chialva, quien además remarcó que las modificaciones en el régimen de licencias fueron utilizadas «con mala fe» en algunos sectores para instalar la idea de un ajuste contra los trabajadores estatales.
«No hubo un recorte ni una modificación de fondo»
Asimismo, el funcionario aclaró que el nuevo decreto no elimina licencias ni reduce derechos adquiridos, sino que incorpora situaciones que antes no estaban contempladas, como enfermedades oncológicas, patologías de larga evolución y enfermedades poco frecuentes.
«No se limitó ninguna licencia ni se dejó sin efecto ningún derecho. Al contrario, se incorporaron enfermedades especiales y se ordenó un sistema que era contradictorio», explicó. Y agregó: «Nadie tiene por qué preocuparse, porque no se restringieron derechos ni se afectó a los trabajadores».
En ese sentido, Chialva desmintió versiones que circularon durante el fin de semana respecto a supuestas reducciones salariales para trabajadores con licencias médicas prolongadas. Según detalló, el esquema que establece períodos con goce íntegro de haberes y otros con percepción parcial ya existía en la normativa anterior y no fue modificado.
Detectaron 18 mil certificados médicos sin controlar
Uno de los datos más impactantes que reveló el asesor general fue que, al asumir la actual gestión, encontraron cerca de 18.000 certificados médicos sin control en el área educativa.
«Había certificados que se observaban cuatro meses después. Era un sistema que no funcionaba para nadie y que también permitía abusos», señaló.
A partir de esa situación, el Gobierno implementó un sistema digital de control y carga de certificados médicos que permite una respuesta en menos de 48 horas y un seguimiento «más rápido y coherente» de las licencias.
Sin embargo, a raíz de esta situación, Chialva aseguró que encontraron empleados estatales que llevaban años cobrando salarios sin asistir a sus puestos de trabajo.
«Cuando se inició el censo surgió gente a la que le habían dado licencia hace años y nunca nadie controló si iba a trabajar o no», afirmó. Y agregó: «Hay casos concretos de personas que estuvieron cuatro años sin trabajar, algunos ni siquiera permanecían en la provincia mientras continuaban percibiendo sus haberes».
Frente a este escenario, el funcionario defendió el endurecimiento de los mecanismos de control y remarcó que las medidas buscan «darle coherencia» al funcionamiento estatal y evitar abusos, aunque insistió en que no se trata de una política «contra los trabajadores», sino de un proceso de ordenamiento administrativo.
Débito laboral y sobrepoblación estatal
Chialva también confirmó que el régimen de débito laboral fue prorrogado por otro período similar debido a la cantidad de adhesiones registradas. Según indicó, más de 400 empleados públicos ya avanzaron en el proceso.
«El objetivo es descomprimir sectores que tienen sobrepoblación administrativa», sostuvo el funcionario, quien remarcó que, a diferencia de otras gestiones, esta política no implica incorporar nuevo personal para reemplazar a quienes se adhieren.
Además, reconoció que actualmente la provincia cuenta con cerca de 67 mil personas entre trabajadores activos y jubilados del Estado, una cifra que consideró «extremadamente alta» para una provincia de alrededor de 600 mil habitantes.
«Hay sectores con sobrepoblación donde incluso cuesta darle funciones a algunos agentes. Eso termina perjudicando también a los empleados valiosos y a la carrera administrativa», expresó.
Finalmente, Chialva sostuvo que la administración provincial apunta a reducir gradualmente el exceso de personal, aunque aclaró que se trata de «un proceso lento» y ligado también a la recuperación del empleo privado.
