El Gobierno nacional reglamentó un aspecto central de su reforma laboral y lanzó un nuevo esquema de incentivos destinado a empresas que regularicen trabajadores no registrados o sumen personal en blanco. La medida se da en un contexto de debate judicial sobre la validez constitucional de la iniciativa.
El programa quedó oficializado mediante el Decreto 315/2026, firmado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Economía Luis Caputo.
Bajo el nombre de Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), el esquema busca reducir la informalidad a través de alivios en las contribuciones patronales por un plazo de hasta cuatro años.
Podrán acceder al beneficio aquellas empresas que incorporen trabajadores sin registrar, contraten personas desempleadas o sumen ex monotributistas que no hayan tenido vínculo reciente de dependencia. Las contrataciones deberán concretarse entre mayo de 2026 y abril de 2027, con un tope que no podrá superar el 80% del total de la planta laboral.
El régimen establece una reducción en los aportes con alícuotas diferenciadas del 2% y 3%, destinadas a distintos componentes del sistema de seguridad social, aunque se mantendrá el aporte obligatorio al Fondo de Asistencia Laboral.
Desde el oficialismo aseguran que la medida apunta a estimular el empleo formal y ampliar la base de trabajadores registrados. Sin embargo, su implementación se produce en medio de cuestionamientos políticos y judiciales, con sectores que advierten sobre posibles impactos negativos en las condiciones laborales.
