En el marco de un tenso clima a nivel político, los diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por sus críticas al fiscal Diego Luciani por su actuación en la causa Vialidad.
A raíz de estas gestiones, el diputado nacional Facundo Manes expresó su posicionamiento a través de las redes: «Es un error sacar esta discusión del plano de la justicia y llevarla a la política. A muchos les conviene esa estrategia porque sigue apelando a la grieta que nos trajo hasta acá y les permite mantener sus privilegios».
Es un error sacar esta discusión del plano de la justicia y llevarla a la política. A muchos les conviene esa estrategia porque sigue apelando a la grieta que nos trajo hasta acá y les permite mantener sus privilegios.
— Facundo Manes (@ManesF) August 26, 2022
Ante estas palabras, la diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero citó su mensaje y le respondió: «Debo señalar que entiendo hay un error de concepto este razonamiento, y lo hago, porque sino lo que se termina “banalizando” es el accionar legítimo y ajustado a derecho ejercido por el Interbloque de JxC al que pertenezco, cuando interpusimos el pedido de juicio político».
«Los presuntos delitos cometidos por CFK son de competencia de la Justicia. Ahora bien, la conducta desplegada por el Presidente de la Nación, tiene una dimensión politica respecto de la cual tenemos una facultad y deber constitucional de controlar los representantes del pueblo. Esa representación tiene compromisos que están mas allá de las subjetividades y de las legitimas estrategias individuales de posicionamiento o discursivas. Frente a la gravedad institucional TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE REACCIONAR, dentro de la legalidad y de nuestras herramientas» añadió.
«No creo que podamos optar por mirar para otro lado o subestimar una acción amenazante, desaprensiva e inconstitucional de un presidente, tal, que habilita el pedido de juicio político. No creo que podamos estar a la conveniencia o no de activar los mecanismos a nuestro alcance» sostuvo.
Esa representación tiene compromisos que están mas allá de las subjetividades y de las legitimas estrategias individuales de posicionamiento o discursivas.
Frente a la gravedad institucional TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE REACCIONAR, dentro de la legalidad y de nuestras herramientas.— Ana Clara Romero (@AnaClaraRomer) August 26, 2022
«Para reprender o reprochar tamaña acción. Por tanto, cumplir con nuestro deber es poner un límite institucional a acciones y expresiones presidenciales que vulneran la igualdad ante la ley, el 109 de la CN, el cumplimiento del mandato del 120 de la CN de los fiscales y defender» afirmó Romero.
«Comparto la necesidad de superar la grieta, que la mirada no debe ser binaria, pero creo que podemos hacerlo de manera colectiva, sin resignar institucionalidad, con reglas claras y equitativas para todos, sin que implique naturalizar los abusos o las conductas inapropiadas» finalizó.
