El organismo provincial detectó el alquiler ilegal en el barrio UOM durante una inspección de rutina. La beneficiaria perdió la propiedad y no podrá volver a postularse a ningún programa estatal de vivienda.
TRELEW (Chubut).– El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) le quitó la adjudicación de una casa social a una mujer en el barrio UOM de Trelew, luego de comprobar que la arrendaba de forma particular a cambio de 300 mil pesos mensuales.
La sanción quedó formalizada a través de la Resolución N.º 403/2026 del organismo, dictada tras confirmarse que la titular no residía en el inmueble, violando así la exigencia de ocupación efectiva que establece la ley para conservar el beneficio estatal.
Un negocio prohibido por ley
El fraude salió a la luz durante un operativo de control rutinario a cargo de los inspectores del IPV. En el lugar, la comitiva fiscalizadora constató la ausencia de la adjudicataria y descubrió que en la propiedad habitaba un tercero, quien pagaba un canon locativo mensual.
Dado que la normativa vigente prohíbe de forma explícita el subalquiler, la cesión no autorizada o la comercialización de viviendas sociales —al ser bienes destinados a resolver el déficit habitacional de familias vulnerables—, el organismo dispuso la desadjudicación inmediata del inmueble para su posterior reasignación a un nuevo postulante en regla.
Además de la pérdida de la casa, la medida incluyó un castigo ejemplar: la mujer quedó inhabilitada de manera definitiva para acceder a futuros planes de vivienda o créditos administrados por la provincia.
Redoblan los controles en Chubut
Este procedimiento no es un hecho aislado. En lo que va del año, el IPV viene profundizando las inspecciones en distintos puntos de Chubut, donde ya se concretaron varias quitadas de adjudicación motivadas por desuso, abandono prolongado o subalquileres irregulares.
Desde la conducción del organismo reiteraron que las casas entregadas por el Estado tienen un fin estrictamente social y residencial, por lo que mantendrán la rigurosidad en las auditorías de campo para sancionar el uso comercial o especulativo de los inmuebles públicos.
