Radio del Sur 97.1 dialogó con Alfredo Pérez Galimberti, vicepresidente de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y ex defensor general de la provincia, sobre el nuevo código procesal penal.
El pasado jueves se aprobó en la sesión de diputados el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la provincia del Chubut.
En este contexto, el abogado Alfredo Pérez Galimberti, opinó sobre el tema y dijo que «los códigos procesales en la Argentina se descuidan, si no le haces un ‘service’ al código se van desconfigurando, cada circunscripción tiene su propio código y deja de responder a la formulación de esa política».
«Se presentó como una reforma de seguridad, que va a traer mejor seguridad a la provincia», enfatizó.
Asimismo, Pérez Galimberti explicó que estas modificaciones se realizaron sobre «cuestiones estadísticas», donde se evalúa qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona respecto de esta reforma «que ya tiene al menos dos años de discusión», y que «en primer lugar se hace sin basarse en datos empíricos, sino en experiencias personales».
«Las únicas voces a favor de la salida de la ley fueron justamente la de Miquelarena, que es el promotor del proyecto, y el ministro de Seguridad, todos los demás dijeron ‘esto no está bien'», expresó.
Y agregó: «Lo que nos interesa es la reducción de la violencia, y que los conflictos no se resuelvan por la fuerza o por el abuso de poder, sino que podamos resolver los conflictos en el que los últimos de los recursos sea la fuerza. La política criminal hay que planificarla y esa es una obligación de la Procuraduría General y del gobierno«.
«Cómo siente el hombre de la calle que esta seguro? El leviatán no los protege, entonces para asegurar la seguridad tenemos que ver qué tipo de delitos están. La ineficacia de lo judicial es enorme. Si alguien les dice ‘vamos a ir contra la violencia’ no dice nada, las generalidades no ayudan. Esta modificación es para la tribuna«, disparó
Presupuesto
Por otro lado, una de las consecuencias que surgen a raíz de la aprobación de esta ley es la «superpoblación» en las cárceles con los juicios rápidos.
En ese sentido, el abogado comentó que «la primer pregunta que yo le hice a la Comisión de Legislación es qué presupuesto tenia la ley como para sostener el sistema carcelario, porque para mantener esto se necesita espacio físico, alimentación, traslado, y demás».
«A quién se le va a sacar? Al presupuesto de salud? Toda esta perspectiva hay que hacerla antes de sacar una ley», disparó.
Edad de imputabilidad a un menor
En cuanto a la edad de imputabilidad de un menor, Pérez Galimberti expresó que «las causas que involucran a menores que delinquen son relativamente pocas».
«Por ejemplo, a un chico de 14 años no va a poder tener una pena mayor a 7 años, todas estas cuestiones son debates sociales y políticos profundos», aclaró.
Por último, fue consultado acerca del por qué cree que el Ministerio Público Fiscal presentó una modificación que fue aprobada, a lo que respondió que «los problemas son problemas de investigación criminal y problemas de ordenamiento en el manejo de recursos del propio Ministerio Público».
«No es la primera reforma que extiende plazos, hubo una en 2010, y siempre son los mismos temas, esta reforma es para enlentecer el proceso», cerró.
