Cada 24 de marzo, Argentina recuerda el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que interpela a toda la sociedad sobre uno de los capítulos más oscuros de su historia: el inicio de la última dictadura cívico-militar en 1976.
El Golpe de Estado en Argentina de 1976 marcó el quiebre del orden democrático cuando las Fuerzas Armadas desplazaron del poder a María Estela Martínez de Perón e instauraron una junta militar bajo el nombre de «Proceso de Reorganización Nacional». A partir de ese momento, se desplegó un plan sistemático de represión ilegal que dejó una huella profunda en la sociedad.
Durante esos años, el terrorismo de Estado se expresó a través de secuestros, centros clandestinos de detención, torturas, asesinatos, apropiación de bebés y desapariciones forzadas. Organismos de derechos humanos estiman en 30.000 las personas desaparecidas. En todo el país funcionaron más de 300 espacios clandestinos, donde miles de víctimas fueron privadas de su libertad en condiciones inhumanas.
Del horror a la búsqueda de justicia
Con la recuperación democrática en 1983, encabezada por Raúl Alfonsín, comenzó un proceso inédito en la región: el juzgamiento de los responsables. La creación de la CONADEP permitió reunir testimonios y pruebas que dieron origen al informe Nunca Más, un documento clave que expuso el alcance del terrorismo de Estado.
Ese trabajo fue fundamental para el histórico Juicio a las Juntas de 1985, en el que se condenó a los principales responsables de la dictadura. A pesar de los retrocesos posteriores con leyes de impunidad, como Punto Final y Obediencia Debida, anuladas recién en 2003, Argentina logró reactivar los juicios y consolidar una política sostenida de derechos humanos.
Memoria activa y políticas públicas
Con el paso de los años, la memoria se convirtió en política de Estado. La sanción de la Ley 26.085 estableció el 24 de marzo como feriado nacional inamovible, con el objetivo de promover la reflexión colectiva.
Muchos de los lugares donde funcionaron centros clandestinos fueron recuperados como espacios de memoria, entre ellos la ESMA en Buenos Aires o el ex Regimiento de Infantería 8 en Comodoro Rivadavia, donde se desarrollan actividades educativas y de concientización.
En paralelo, organismos como Abuelas de Plaza de Mayo continúan con la búsqueda de niños y niñas apropiados durante la dictadura, logrando restituir hasta hoy la identidad de más de 130 personas. Su labor, junto a la de Madres de Plaza de Mayo y otros colectivos, fue clave para sostener durante décadas el reclamo de memoria, verdad y justicia.
Un legado que interpela el presente
A medio siglo del golpe, las consignas históricas —»Nunca Más», «Son 30.000», «Juicio y castigo»— siguen vigentes. Lejos de tratarse de una mirada anclada en el pasado, el 24 de marzo invita a reflexionar sobre el presente y el futuro democrático.
En los últimos años, distintos sectores han intentado relativizar o negar los crímenes de la dictadura, lo que reaviva el debate público y refuerza la importancia de la memoria colectiva como herramienta para evitar retrocesos.
Además, el proceso de justicia continúa abierto: aún hay causas en trámite, responsables sin condena y familias que siguen buscando respuestas sobre el destino de sus seres queridos.
En este 2026, al cumplirse 50 años del golpe, la movilización en calles y plazas de todo el país vuelve a ser masiva. La memoria no solo recuerda: también advierte. En una sociedad democrática, el compromiso con los derechos humanos no es una consigna del pasado, sino una responsabilidad permanente.
