Esta es la idea que sostiene y define a la democracia en su construcción más esencial. Nadie en democracia puede ser excluido del ámbito de la decisiones públicas pero esa inclusión convive con otras. Así, la democracia evolucionó como un sistema de convivencia en donde las diferencias se deben administrar civilizadamente y cuando digo civilizadamente me refiero a “sin violencia”, sin daño.
Pero, al mismo tiempo, en lo que a gobierno se refiere, es un sistema que exige también la toma de decisiones y éstas igualmente tienen un límite en la delgada línea del tiempo. La falta o inexistencia de debates en la sociedad política que resulten en un proceso decisional inconcluso o defectuoso, son razones que en muchas ocasiones, generan crispación, angustia y frustración entre los gobernados que -generalmente- esperamos anonadados y generalmente frustrados frente a la desidia de quienes deben tomar las decisiones. Esto también debe tener un límite.
Lo ocurrido en el transcurso de esta semana muestra una vez más que es muy poco lo que hemos aprehendido en estos 38 años de convivencia civilizada. Pareciera ser que nos negamos a aceptar que la práctica de la tolerancia, de un ejercicio empático del concepto de ciudadania, no puede coexistir en nuestra dinámica ciudadana.
Otra vez la violencia se apoderó de la calle con la destrucción de buena parte del patrimonio edilicio público que no es propiedad de ningún gobierno, sino de todos los habitantes de esta provincia. Será ahora el turno de los fiscales los que se encargarán de determinar e identificar la cara de los violentos, colocando a la ley como ordenadora de tan gigantescos desmanes.
Pero ese, es el día después. Es el título para mañana, lunes. Y es muy importante que esto se aclare con la ley en la mano, siempre.
El jueves último fueron la barbarie, el terror, los encargados de mediatizar las diferencias; y esto es lo inadmisible. Ese el el límite que nunca debemos traspasar. Claro está que quienes protagonizaron los destrozos no fueron la mayoría de los que se autodefinen con el “No es NO”. Pero lamentablemente, fueron quienes protagonizaron la causa última de esa intolerancia.
Sería un craso error decir que aquellos ciudadanos que comulgan con el “NO a la MINA” fueron quienes abrazaron la protesta violenta. Es claro que pensar diferente no te hace terrorista. Pero tan claro es también que quien pone una bomba molotov en el lugar que sea, público y/o privado, practica el terrorismo. Años y décadas de historia nos preceden, en donde las diferencias se resolvían con estas metodologías. El terror y la violencia nunca posibilitaron cambios superadores que se solidificaran en el tiempo. El terror y la violencia, como instrumento de canalización de demandas sectoriales, solo engendraron más terror y más violencia.
La zonificación minera es una alternativa, es un instrumento de diversificación productiva para una provincia que observa como la producción de su principal recurso (el petróleo) desciende año a año.
A modo de ejemplo vasta citar la cantidad de pozos terminados en 2009 y lo que será el presente 2021. De 612 pozos finalizados pasaremos a concluir en 278. Es decir, en 12 años observamos una merma de casi el 50% en la realización de pozos terminados. Y esto abarca a los dos estados que integran la madura cuenca del Golfo San Jorge, es decir Chubut y Santa Cruz.
Chubut al igual que todas las demás provincias con reservas probadas de minerales líquidos, gaseosos y sólidos, se debe dar la oportunidad de incluir en su matriz productiva los distintos modos de producción que pongan en valor esos recursos naturales.
Para que esto se materialice se necesita, indefectiblemente, una discusión seria, responsable y obviamente civilizada. La zonificación minera fue “cajoneada” sistemáticamente por casi 20 años sin que nadie, seriamente, se propusiera iniciar ese debate que toda sociedad se merece.
Las constantes necesidades electorales, la falta de una visión clara y duradera en el tiempo de las sucesivas administraciones gubernamentales, supeditaron el debate minero de largo plazo a las apetencias electorales de candidatos ocupados solo en la próxima elección.
La producción petrolera cumplió 114 años el pasado 13 de Diciembre. Imagine estimado lector ¿qué hubiese ocurrido con dicha producción hidrocarburífera si quienes debían decidir sobre la misma fuesen los mismos que hoy -como ayer- le escapan al debate minero? El petróleo y el gas representan algo más de un tercio de los ingresos en dólares que alimentan a los más de 60 mil puestos de empleo público, activos y pasivos de esta provincia, sin incluir en ese números los empleados de cada administración municipal a los que también les llega el extenso brazo de la producción mineral asentada en el sur del Chubut.
De todas formas, los tiempos cambian y también lo hacen las miradas que sobre una misma forma de producir riqueza se gestan en torno a la misma. Es absolutamente entendible el hecho de que exista una porción de habitantes y ciudadanos que observan con desconfianza los nuevos métodos de producción y traducen esas desconfianzas abrazando al “movimiento ambientalista” que, bajo ningún punto de vista, debe ser obviado o ignorado.
Con este escenario, la discusión pasa entonces por cómo y quiénes deben controlar los nuevos métodos de construcción de riqueza y es ese debate el que no quisieron dar buena parte de los legisladores que, a pesar de haber incluído modificaciones al proyecto original, terminaron luego negándose al debate o votando en contra.
No es ese el camino. La hipocresía que han evidenciado algunos legisladores que se negaron sistemáticamente a debatir el proyecto 128 de zonificación minera -que descansó casi un año en algún cajón de la Casa de las Leyes- es de una irresponsabilidad solo atribuible a aquellos que defienden a los movimientos ambientalistas votando con el brazo izquierdo, pero que a la hora de reclamar por más regalías para sus municipios lo hacen con el derecho. Al igual que la violencia, estas eternas demoras, también deben tener un límite.
Nadie, en su sano juicio, puede sostener a esta altura de los acontecimientos que la minería no tuvo tiempo de ser analizada o debatida. Sobró tiempo; lo que no sobraron fueron voluntades y enterezas. ¿Por qué? Por el solo hecho de no perder votos. Y esa es la peor de las irresponsabilidades. Los votos son instrumentos cuantificables que permiten que unos gobiernen en nombre de otros. Pero una vez obtenido ese sitial para gobernar, hay que hacerlo. Decidir. Y gobernar no solo es prerrogativa de los poderes ejecutivos.
En una democracia, los poderes legislativos adquieren una relevancia tan singular como irremplazable. La ausencia de la discusión parlamentaria por especulaciones electorales o por lo que fuere, termina vaciando de contenido al mismo sistema que lo vio nacer. El contrabalanceo de las funciones del poder, hacen de los legislativos los espacios destinados para administrar esos límites. Los excesos en el ejercicio del poder solo se controlan con el ejercicio de otro poder del estado -para el caso- el legislativo. Este fue el gran ausente del debate.
Alcanzar el poder como fin en sí mismo y no saber qué hacer con el, luego de un triunfo electoral, es la miopía que llevó a buena parte de nuestra clase dirigente a pensar más en la próxima elección que en la próxima generación.
Por Sergio Cavicchioli
