En diálogo exclusivo con Radio del Sur 97.1, el abogado defensor de Michael González, Alejandro Varas, puso en duda la hipótesis inicial de la Fiscalía en la causa por la muerte de Ángel López y aseguró que, a más de un mes de la apertura de la investigación, «todavía no está definida concretamente la causa de muerte».
El defensor público sostuvo que la imputación contra González y Mariela Altamirano fue «apresurada» y remarcó que la acusación original se formuló antes de contar con el informe histopatológico definitivo.
«Se nos formalizó la investigación con un informe preliminar que hablaba de golpes en la cabeza del niño. Pero el propio fiscal había dicho que necesitaba el histopatológico para concluir si estábamos frente a una muerte violenta», expresó Varas.
Según explicó, la defensa detectó «inconsistencias» entre el informe final del Cuerpo Médico Forense y los resultados histopatológicos. En ese sentido, señaló que las lesiones observadas en el cuero cabelludo del niño «tendrían una evolución no mayor a 12 horas antes de la muerte», lo que —según su interpretación— abriría la posibilidad de que esas marcas se hayan producido durante la internación en el Hospital Regional.
«El histopatológico marca un límite concreto de 12 horas. Eso podría ubicar las lesiones dentro del período de internación», afirmó.
Varas indicó que una de las hipótesis que analiza la defensa es que esas microlesiones hayan sido generadas por los electrodos utilizados durante estudios médicos, particularmente un electroencefalograma realizado en el marco del protocolo para determinar muerte cerebral.
«No estamos afirmando nada concluyente. Lo que hacemos es investigar posibilidades sobre la base de la información médica y pericial», aclaró.
El abogado también aseguró que Ángel López «no tenía fracturas ni fisuras en el cráneo» y sostuvo que ningún médico habría detectado lesiones externas al momento de recibir al niño en el hospital.
«Lo primero que hizo la médica fue revisar toda la cabeza para corroborar si existían lesiones visibles y no encontraron nada», relató.
Respecto al edema cerebral y las hemorragias detectadas, Varas explicó que, según la información aportada por profesionales consultados por la defensa, esos cuadros podrían haber sido consecuencia de una hipoxia provocada por una neumonía severa.
«El edema cerebral podría sobrevenir de una falta de oxígeno. El cerebro comienza a inflamarse y eso genera presión sobre el tronco encefálico», detalló.
En otro tramo de la entrevista, el defensor cuestionó los cambios en la teoría del caso presentada por la Fiscalía y afirmó que la «plataforma fáctica» de la acusación ya fue modificada desde la audiencia inicial.
«Primero se habló de entre 20 y 22 golpes en la cabeza del niño. Ahora eso cambió y la Fiscalía sostiene otra hipótesis», señaló.
Actualmente, según explicó, la acusación fiscal sostiene un homicidio por omisión, bajo el argumento de que González y Altamirano conocían el estado de salud del niño y no habrían actuado para evitar su muerte.
Sin embargo, Varas rechazó esa interpretación y sostuvo que existen elementos que demostrarían que ambos adultos sí atendían al menor.
«Hay evidencia de que lo llevaban al CAPS, al jardín, a vacunarse y a distintas actividades. Eso contradice la idea de que buscaran su muerte», manifestó.
Además, remarcó que para que exista homicidio por omisión «debe haber intención de provocar el resultado muerte».
«El Ministerio Público Fiscal sostiene que ellos querían la muerte de Ángel y utilizaron la omisión como medio para lograrlo. Nosotros entendemos que eso no está probado», afirmó.
Varas confirmó también que la defensa solicitó una ampliación de las pericias forenses y que participará un médico legista de parte.
«Hemos pedido que se amplíe el informe para esclarecer estas contradicciones y determinar concretamente cuál fue la causa de muerte», indicó.
En cuanto a la situación procesal de González y Altamirano, el defensor consideró que ambos no deberían continuar detenidos y aseguró que evaluarán solicitar una morigeración de la prisión preventiva una vez incorporadas las nuevas pericias.
«Entiendo que no existe riesgo de fuga. Ellos nunca abandonaron la ciudad y siempre estuvieron a disposición de las autoridades», sostuvo.
Por último, Varas pidió cautela sobre el tratamiento público del caso y recordó que rige el principio de inocencia.
«La sociedad debe ser paciente. Un caso penal complejo no se resuelve en un mes y todavía falta mucha prueba por analizar», concluyó.
