Radio del Sur 97.1 dialogó con el fiscal Teodoro Nurnberg, quien apeló el acuerdo de probation otorgado a 24 imputados en la causa por el robo de vacunas contra el Covid en el sindicato de Camioneros.
Los principales referentes del sindicato de Camioneros, liderados por el exdiputado nacional Jorge Taboada, quedaron involucrados en una causa judicial vinculada al desvío irregular de dosis de vacunas Sputnik contra el Covid-19. Las vacunas, que debían destinarse al sistema público de salud, terminaron aplicándose en la obra social sindical, donde se inmunizó a varios dirigentes. El episodio fue uno de los tantos que, en plena pandemia, se conocieron como parte del escándalo del «vacunatorio VIP».
A pesar de la gravedad del hecho, los dirigentes gremiales evitaron llegar a juicio oral: la defensa logró para ellos la suspensión del juicio a prueba, lo que dejó el proceso judicial prácticamente sin consecuencias para la cúpula sindical.
En cambio, la enfermera que trasladó las dosis, junto a un colaborador, sí fueron condenados: recibieron penas de dos años y seis meses de prisión en suspenso, acusados de hurto y cohecho pasivo. Una tercera imputada fue sobreseída.
El acuerdo, aceptado inicialmente por el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Alejandro Cabral, Ana Dalesio y Nicolás Baroneto (este último titular, los otros dos subrogantes), contemplaba el pago de multas entre 400.000 y 3.000.000 de pesos a cambio de la suspensión del juicio a prueba y la asunción de responsabilidad por el delito de haberse vacunado sin ser personal esencial.
La Fiscalía se opuso al acuerdo, argumentando principalmente la participación de funcionarios públicos (las enfermeras) quienes, según la Procuraduría de la Nación, no son elegibles para este tipo de acuerdo.
Además, «la Fiscalía consideró que la gravedad del hecho, que involucraba el robo de vacunas, justificaba un debate oral para ventilar las acciones de todos los implicados», expresó Nurnberg. Se presentaron cinco o seis argumentos técnicos para fundamentar la oposición.
El recurso de casación presentado por la Fiscalía fue inicialmente denegado, pero tras una queja, la Cámara de Casación Penal de la Nación aceptó revisar el caso. La Fiscalía espera que la Cámara revoque el acuerdo de probation. «Se plantean varias cuestiones, incluyendo la posible prescripción del delito (dado que los hechos ocurrieron en 2021) y el rol de Jorge Taboada como secretario general de un gremio», aclaró el fiscal.
Y agregó: «Si bien la Fiscalía no considera este último punto un agravante per se, sí se tuvo en cuenta la posición de los imputados que trabajaban en instituciones con acceso a fondos, al momento de evaluar la pena».
Actualmente, la Cámara de Casación está revisando el caso, y se espera una resolución en un plazo indeterminado, aunque la Fiscalía se mostró satisfecha con la celeridad con la que se abrió la queja (aproximadamente un mes).
