En un clima de extrema tensión política y dudas sobre la transparencia estadística, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero registró una suba del 2,9%. El dato no solo superó el 2,4% que proyectaban los analistas del Banco Central (REM), sino que consolidó una racha negativa de cinco meses al alza, superando el 2,8% de diciembre.
La publicación del índice ocurre bajo la sombra del reciente «portazo» de Marco Lavagna. El funcionario se alejó del organismo tras la decisión del Gobierno de frenar la actualización de la metodología de medición, una medida que buscaba modernizar un sistema que hoy es visto con desconfianza por especialistas y consumidores.
Un índice «congelado» en 2004
El eje del conflicto radica en que el IPC actual se rige por una estructura de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de hace 22 años. En 2004, la realidad económica de los argentinos era radicalmente distinta: el impacto de los alquileres, el transporte, las telecomunicaciones y las tarifas de servicios públicos en el presupuesto familiar era significativamente menor al actual.
Para la mayoría de los hogares modernos, estos rubros representan hoy el mayor peso del gasto mensual. Sin embargo, el índice vigente los sigue ponderando como ítems secundarios. Esta distorsión genera un efecto de «subestimación» del costo de vida: cuando el Gobierno aplica aumentos en tarifas o servicios, el IPC no refleja el golpe real que percibe el bolsillo de la población, ya que el cálculo se basa en una pauta de consumo obsoleta.
Credibilidad en juego
La bandera de la «desinflación» que sostiene el oficialismo enfrenta ahora un doble desafío. Por un lado, la aceleración de los precios que no logra ser contenida; por el otro, la pérdida de credibilidad de la estadística oficial. El rechazo a actualizar el índice de precios sugiere, para muchos analistas, un intento de evitar que los fuertes ajustes en servicios públicos impacten de lleno en la cifra oficial de inflación.
Con este 2,9%, el Gobierno inicia el año con una presión adicional sobre su política económica, mientras la brecha entre «la inflación del INDEC» y la percepción ciudadana en las góndolas y facturas de servicios amenaza con ensancharse aún más.
