La Procuración del Tesoro de la Nación anunció una «profunda reestructuración» de su funcionamiento, que implicará más de 60 desvinculaciones de personal y una drástica reducción de sus áreas técnicas. Este «recorte histórico», según un comunicado del organismo, busca «eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público», en línea con los principios de «austeridad, profesionalismo y resultados concretos» impulsados por el Gobierno. Desde febrero, las nuevas autoridades ya habían reducido el personal en más de un 20%.
Entre los cambios más relevantes, la Procuración pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuyas funciones serán asumidas por un nuevo centro con menos de un tercio de su personal. La reestructuración también contempla la reducción de unidades jerárquicas, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas, además de una nueva política de ahorro en viajes oficiales.
Este anuncio se produce horas después de que el Gobierno nacional asegurara tener pruebas para impulsar una ola de despidos por la sospecha de filtración de información confidencial de YPF a los fondos demandantes por la expropiación. El Poder Ejecutivo calificó el hecho como un «delito grave» que genera un «perjuicio directo hacia el Estado», señalando a áreas con acceso a expedientes en trámite que, presuntamente, habrían «comerciado información» con los fondos beneficiarios. La Procuración reafirmó su compromiso con la «defensa eficaz del Estado» y la «reducción del gasto público» como prioridad.
