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Severiche denuncia que le pidieron «generar disturbios» para frenar el inicio de clases

El dirigente de ATE Trelew, José Severiche, ratificó públicamente, en una entrevista con Jornada Radio, la denuncia que presentó en la Justicia contra el exfuncionario provincial Gonzalo Carpintero, a quien acusa de haberle solicitado que promoviera disturbios para impedir el inicio del ciclo lectivo previsto para el 23 de febrero.

Según el gremialista, el planteo le fue transmitido en una reunión realizada en un domicilio de la calle Chiquichano al 1500, a la que llegó convocado por un intermediario de confianza, a quien identificó como «Ricky». De acuerdo a su relato, en ese encuentro le manifestaron de manera directa que debía «generar quilombo» para que no comenzaran las clases, en el marco de un conflicto con el gobernador Ignacio Torres.

Severiche aseguró que el intermediario es una persona vinculada laboralmente al empresario Raúl Matías Cereseto y que al momento de ingresar al lugar observó que el propio Cereseto se retiraba. En la oficina, afirmó, se encontraban el intermediario y Carpintero.

El sindicalista sostuvo que no se le mencionó una cifra concreta de dinero, aunque le dieron a entender que la maniobra «no iba a ser gratis». Tras la reunión, dijo haber recibido insistentes llamados telefónicos, lo que terminó de convencerlo de acudir a la Justicia.

En su presentación judicial, Severiche entregó su teléfono celular, donde constarían mensajes y audios reenviados presuntamente por Carpintero, entre ellos uno en el que se hacía referencia a la propuesta salarial de 250 mil pesos anunciada por el ministro de Educación, José Luis Punta, para docentes y auxiliares.

El dirigente explicó que decidió denunciar los hechos por convicciones personales y sindicales, y porque no está dispuesto —según afirmó— a que los estudiantes sean utilizados como «rehenes» en disputas políticas o sectoriales. También manifestó preocupación por la seguridad de su familia y señaló que confía en que la investigación avance para determinar si existen más personas involucradas.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá analizar las pruebas aportadas y determinar las responsabilidades correspondientes.

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