Este viernes vence el período de conciliación obligatoria dispuesto por la Secretaría de Trabajo en el conflicto que mantiene el Gobierno con el gremio de los controladores aéreos, lo que vuelve a abrir el escenario de posibles medidas que podrían afectar la operación de vuelos.
La medida administrativa, vigente desde el 23 de diciembre, había logrado frenar las acciones gremiales impulsadas por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Sin embargo, la negociación salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) continúa sin resolución.
De acuerdo a fuentes del sector, este viernes se desarrollará una nueva audiencia en la que se analizaría la posibilidad de extender la conciliación por un plazo adicional. La alternativa surge ante la advertencia del gremio de retomar medidas de fuerza en el corto plazo.
Desde EANA señalaron que, pese a lo que consideran una postura inflexible por parte de ATEPSA, la empresa mantiene instancias de diálogo abiertas con el objetivo de garantizar la normal prestación del servicio aéreo durante la temporada alta. En ese sentido, ratificaron su voluntad de seguir negociando y cuestionaron que las acciones gremiales busquen generar perjuicios más que mejorar las condiciones laborales.
La paritaria, aclararon, no depende exclusivamente de EANA, ya que las pautas salariales para los organismos estatales son definidas por el área de Empleo Público, bajo la órbita de Maximiliano Fariña.
En paralelo, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia para las 11.15, en la que podría resolverse una prórroga de la conciliación por una semana más. Desde el Gobierno remarcaron que los servicios de navegación aérea son considerados esenciales por ley, por lo que cualquier medida de fuerza debe ser informada con al menos cinco días de anticipación y no puede afectar más del 45% de las operaciones.
Las normativas vigentes habilitan a la autoridad laboral a extender la conciliación por cinco días hábiles adicionales, a pedido de la empresa, con el objetivo de agotar las instancias de negociación antes de que el gremio, conducido por Paola Barritta, recupere la facultad de convocar asambleas o paros.
El conflicto registra antecedentes recientes. En julio del año pasado, una conciliación obligatoria desactivó protestas previstas en la previa de las vacaciones de invierno. En agosto se realizaron tres paros nacionales, que se suspendieron tras un acuerdo transitorio con una recomposición salarial del 15% en cuatro tramos. En noviembre, ATEPSA impulsó nuevas medidas que afectaron vuelos de carga y capacitaciones técnicas, y en diciembre se retomaron acciones que impactaron en vuelos de pasajeros, derivando en la actual conciliación.
La disputa también llegó a la Justicia Federal, donde se investigan presuntas irregularidades administrativas y posibles riesgos para la seguridad operacional. Entre los puntos bajo análisis se encuentra la validez de un acta paritaria de fines de 2023 y denuncias vinculadas a acciones sindicales que habrían interferido con tareas técnicas en torres de control.
Con el vencimiento de la conciliación, el Gobierno enfrenta un escenario complejo: mientras sostiene una política de austeridad, la continuidad del transporte aéreo depende de un recurso humano altamente especializado, cuyo eventual accionar podría impactar de manera directa en la aviación civil y comercial en todo el país.
