Una base de datos pública permitió identificar a funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza que obtuvieron créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación durante la actual gestión. La información surge de la plataforma «¿Cuánto deben?», desarrollada con datos de la Central de Deudores del Banco Central.
Según se difundió, los préstamos individuales alcanzan cifras equivalentes a 350 mil dólares, mientras que el total supera los 2.500 millones de pesos. El tema generó controversia debido a que varios de los beneficiarios forman parte de un espacio político que cuestiona el rol del Estado y la banca pública.
Ante esta situación, la diputada Mónica Frade presentó una denuncia penal y sectores de la oposición impulsaron pedidos de informes para determinar si existieron condiciones preferenciales. Desde la entidad bancaria aseguraron que los créditos se otorgaron bajo criterios «homogéneos y sin excepciones», postura que también respaldó el ministro Luis Caputo, quien sostuvo que no hubo irregularidades.
Correcciones en la lista original
En un primer momento, circuló un listado con errores que incluía a personas que no correspondían. El diputado Itai Hagman aclaró que su caso había sido mal incluido, ya que su crédito pertenece a otra entidad bancaria y fue tomado antes de la actual administración. Tras esa revisión, se difundió una nómina depurada con 24 nombres vinculados al oficialismo.
Casos que generaron mayor impacto
Uno de los episodios más resonantes fue el de Leandro Horacio Massaccesi, funcionario del Ministerio de Capital Humano, quien fue desplazado de su cargo tras conocerse que había accedido a un crédito cercano a los 420 millones de pesos. La decisión fue tomada por la ministra Sandra Pettovello.
También generó cuestionamientos la situación de Matías Furiase, actual secretario de Finanzas, debido a su rol en la política económica y su acceso a un crédito hipotecario, lo que fue señalado como un posible conflicto de intereses.
Otro caso destacado es el de Juan Pedro Inchauspe, director del Banco Central, quien figura entre los mayores beneficiarios con un préstamo superior a los 500 millones de pesos. En tanto, Felipe Núñez, vinculado al Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del Ministerio de Economía, también aparece en la lista con un crédito significativo.
Por su parte, el diputado Mariano Campero reconoció haber accedido a un préstamo para adquirir su vivienda familiar y aseguró que la línea está disponible para cualquier ciudadano, aunque las críticas se centran en las condiciones diferenciales para empleados públicos.
Debate abierto
El tema reavivó la discusión sobre el acceso al crédito estatal, la transparencia en la función pública y la posible existencia de beneficios especiales para funcionarios. Mientras avanzan los pedidos de información, el foco sigue puesto en la coherencia entre el discurso oficial y las prácticas dentro del Estado.
