La Justicia Federal de Salta dictó una prórroga extraordinaria en la investigación de una red de trata de personas que ha conmocionado a la provincia. El juez Julio Bavio autorizó extender el plazo de las pesquisas hasta mayo de 2026, luego de que el número de víctimas identificadas saltara de tres a 33 adolescentes.
La causa, que ya cuenta con nueve imputados, puso al descubierto una estructura criminal dedicada a la captación y explotación sexual de alumnas de nivel secundario. Según los fiscales Eduardo Villalba y Roxana Gual, la organización operaba con una «particular perversidad»: utilizaban a las propias víctimas para captar a sus amigas y, una vez que las jóvenes cumplían los 18 años, eran «desechadas» por la red.
El origen del caso
La investigación comenzó en junio pasado gracias a la denuncia de una madre. Al revisar el celular de alta gama de su hija, la mujer descubrió mensajes de índole sexual enviados por un remisero, quien hoy es señalado como el presunto coordinador de la red. En los chats, el hombre incluso hacía referencia a la otra hija de la mujer, de apenas 12 años.
La operatoria delictiva
De acuerdo con las pruebas recolectadas, la organización no distinguía entre instituciones públicas o privadas. El rol del remisero era clave, ya que coordinaba los traslados y recibía el dinero por los «servicios» de las menores.
«Se ha acreditado la existencia de un número importante de niñas que quedaron presas de una red que permitía a los imputados explotarlas sexualmente», afirmaron desde la fiscalía.
Pruebas pendientes
La extensión del plazo judicial responde a la necesidad de analizar un «gran cúmulo de material probatorio» extraído de dispositivos electrónicos. Los investigadores no descartan que, con el avance de las pericias, el número de víctimas siga aumentando y se logre identificar a nuevos responsables o clientes de la red criminal.
