Este martes comenzó el juicio contra dos exaltos mandos de Vialidad Provincial: el exingeniero jefe Fabián Jorge Pérez y el exjefe de la Zona Noroeste, Juan Carlos Vinay. Ambos están en el ojo de la tormenta por el presunto uso irregular de maquinaria y recursos del Estado para beneficiar a privados durante el verano de 2024.
El tribunal, compuesto por tres jueces y dos ciudadanos (jurado popular), no solo escuchó los argumentos en la sala, sino que por la tarde se trasladó directamente a la Cantera Arroyo Fontana. El fiscal Lucas Papini solicitó esta inspección ocular para que los jueces vean con sus propios ojos de dónde salió el material y dónde terminó, facilitando la comprensión de las pruebas que vendrán.
Las claves de la acusación: «¿Dueños del Estado?»
La Fiscalía sostiene que los exfuncionarios actuaron como si los bienes públicos fueran propios. Los puntos más graves de la acusación incluyen:
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Ripio para privados: Se habrían entregado 3.600 metros cúbicos de áridos (el equivalente a cientos de camionadas) a una empresa particular para arreglar un camino privado, en lugar de usarlo para rutas públicas.
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Sin firmas ni permisos: La maniobra se habría hecho «por izquierda», sin el convenio obligatorio firmado por el presidente de Vialidad, la única autoridad que puede avalar estas entregas.
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Órdenes de «no mirar»: Se acusa a los imputados de dar órdenes directas para no identificar a los camiones. Incluso, habrían desplazado de su cargo al encargado de la cantera por el solo hecho de pedir una orden escrita y oponerse a la maniobra.
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Un agujero económico: El Estado provincial habría perdido más de 4,3 millones de pesos por esta decisión arbitraria.
La estrategia de los exfuncionarios: «Siempre se hizo así»
Por el contrario, la defensa de Pérez y Vinay negó rotundamente cualquier delito. Su argumento central es que no hubo intención de robar ni de beneficiar a nadie ilegalmente, sino que se trató de «procedimientos de práctica» habituales dentro de la dinámica de trabajo de Vialidad. Según los abogados, sus clientes solo utilizaron sus facultades para resolver problemas operativos de la zona, sin salirse de la costumbre administrativa del organismo.
El debate continuará en los próximos días con la declaración de testigos, donde se intentará determinar si fue una gestión «de rutina» o un abuso de poder para favorecer intereses particulares.
