La tranquilidad de la comunidad educativa de la Escuela N° 750 de Puerto Madryn se vio sacudida en las últimas horas tras conocerse una grave denuncia que involucra a un docente de la institución y a una adolescente de apenas 13 años. La fiscal general María Eugenia Vottero lidera la investigación por un presunto caso de «grooming», luego de que se detectaran comunicaciones sistemáticas e inapropiadas por fuera del horario escolar.
Según consta en la denuncia radicada por la madre de la joven, el docente habría roto la barrera profesional para establecer un contacto personal mediante WhatsApp. Los mensajes, lejos de tener un fin educativo, exponían una preocupante insistencia afectiva: el imputado le habría escrito que «quería ser su poeta», «quería ser su amor», que «la quería» y que «no quería estar lejos de ella».
Allanamiento y secuestro de pruebas
Ante la contundencia de los relatos y el riesgo de eliminación de evidencia, el juez interviniente autorizó un operativo urgente en el domicilio del sospechoso. Durante el allanamiento, personal policial secuestró dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, chips y soportes digitales, que ahora serán sometidos a pericias informáticas para reconstruir el historial completo de los chats.
La calificación legal que pesa sobre el docente se encuadra en el Artículo 131 del Código Penal, que pena el delito de Grooming con condenas que van de los 6 meses a los 4 años de prisión para quien contacte a un menor con fines sexuales a través de medios digitales.
Medidas de protección inmediata
Para garantizar la seguridad de la adolescente y su entorno, la Justicia dictó una serie de medidas restrictivas estrictas:
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Prohibición de acercamiento: El imputado no podrá acercarse a la víctima ni a su grupo familiar en un radio de 200 metros.
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Exclusión del ámbito escolar: La restricción incluye el establecimiento educativo al que asiste la menor.
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Vigencia: Las medidas rigen, por el momento, por un plazo de 30 días mientras avanza la etapa investigativa.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la causa se encuentra en pleno desarrollo y que el análisis de los dispositivos secuestrados será determinante para establecer la responsabilidad final del docente en este hecho que ha puesto en alerta a todas las familias de la ciudad.
