En un contexto económico desafiante, el Gobierno nacional mantiene sin modificaciones la estructura impositiva, a pesar de las distorsiones que genera en los costos y la competitividad. La decisión responde, principalmente, a la necesidad de sostener la recaudación en medio de la desaceleración de la actividad y el consumo.
Un relevamiento de la consultora KPMG sobre la carga tributaria empresarial motivó un fuerte diagnóstico del analista Damián Di Pace, quien advirtió que el sistema actual «encarece artificialmente los costos locales, penaliza el valor agregado y deja a la industria argentina fuera de competencia».
De acuerdo a datos relevados, el incremento de tasas municipales e impuestos provinciales durante el último año tuvo un impacto significativo en la inflación: se estima que representó cerca del 24% del Índice de Precios al Consumidor, que cerró en torno al 31%. Sin esa presión adicional, la suba de precios habría sido considerablemente menor.
Entre los tributos más influyentes en los costos, se destaca el impuesto a los Ingresos Brutos, señalado como el de mayor incidencia en los precios de bienes y servicios, seguido por el IVA, Ganancias y el impuesto a los débitos y créditos bancarios. A esto se suman múltiples tasas municipales, que también fueron identificadas como un factor relevante por los empresarios.
Si bien el presidente Javier Milei proyecta una reforma tributaria para 2026 —que incluye la reducción de impuestos como el cheque, las retenciones y una baja en Ganancias—, el deterioro de la recaudación en términos reales, especialmente en tributos ligados al consumo como el IVA, retrasa cualquier modificación de fondo.
En este escenario, también se intensificaron las tensiones entre Nación, provincias y municipios. El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó recientemente la creación de nuevas tasas locales, como una aplicada en el municipio de Pilar, al considerar que impactan directamente en los precios finales.
Desde el sector industrial, además, advierten sobre la superposición de impuestos entre distintos niveles del Estado y la proliferación de tributos locales. Según la Unión Industrial Argentina, una parte significativa de las tasas municipales genera doble imposición, lo que incrementa la carga sobre las empresas.
A esto se suma la retención de saldos a favor de las pymes por parte de las provincias, lo que, según especialistas, afecta la liquidez y el capital de trabajo del sector.
En total, Argentina cuenta con más de 150 tributos entre niveles nacional, provincial y municipal, aunque una decena de ellos concentra la mayor parte de la recaudación. En ese marco, expertos coinciden en que la presión fiscal sigue siendo uno de los principales obstáculos para la producción y la competitividad, mientras el Gobierno posterga cambios estructurales a la espera de una mejora en las cuentas públicas.
