En medio del debate por el caso de Ángel López, la abogada Adriana Ávila, especialista en derecho de familia, cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y advirtió sobre falencias estructurales que, según señaló, siguen repitiéndose.
En diálogo con Radio del Sur 97.1, la letrada remarcó la importancia de contar con profesionales especializados en este tipo de procesos. «No es lo mismo un abogado de familia que uno que no lo es. Hace casi 20 años que lo vengo planteando», afirmó, y agregó: «Necesitamos una matrícula especial porque estos son los errores».
Ávila también puso el foco en la figura del abogado del niño, a la que consideró clave, aunque poco aplicada en la práctica. «Sin duda cumple un rol fundamental, pero en raras ocasiones nos convocan. Yo jamás fui abogada del niño en un expediente», sostuvo. En esa línea, cuestionó que, pese a las exigencias de capacitación, la figura no se implementa:
«Nos piden acreditar horas de formación todos los años, pero después no nos llaman».
Acceso a la justicia y rol del Estado
Respecto a las dificultades económicas de algunas familias para afrontar procesos judiciales, aseguró que existen herramientas públicas disponibles. «No es excusa no tener recursos. Está la Defensoría General y los servicios públicos», explicó.
Sin embargo, reconoció que muchas veces las respuestas no llegan en tiempo y forma.
«Las situaciones límite siempre las hubo y las va a seguir habiendo, pero hay todo un proceso detrás de una denuncia que hay que sostener», indicó.
Fallas en el sistema y falta de controles
Consultada por el caso en particular, Ávila evitó referirse a responsabilidades puntuales, aunque advirtió sobre fallas en la articulación institucional. «Son muchos los efectores que intervienen y evidentemente se minimizó la situación. No hubo trabajo de campo», señaló.
En ese sentido, explicó que los jueces toman decisiones en base a los informes disponibles:
«Si cada parte no cumple con su deber de informar correctamente, el juez firma con los elementos que tiene».
También alertó sobre la posibilidad de que las señales de alerta no hayan sido detectadas a tiempo. «Es muy difícil saber quién falló, pero cuando alguien no cumple con su trabajo en tiempo y forma, el sistema no funciona», afirmó.
Capacitación y compromiso
Para la abogada, uno de los principales problemas es la falta de formación específica en el fuero de familia. «Todos los que intervienen deberían ser especialistas. No tenemos la misma formación un abogado de familia que uno general», remarcó.
En ese sentido, fue contundente:
«Se tienen que sentar a estudiar. Si no, no están aptos para intervenir en un expediente de familia».
Finalmente, también cuestionó la falta de compromiso dentro del propio ámbito profesional. «Somos más de mil abogados, pero son muy pocos los involucrados. Si no hay compromiso, esto no funciona», concluyó.
