Diputados aprobó la norma que exige la ratificación de ambas Cámaras para la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, pero el rechazo de un artículo obliga a que todo el proyecto vuelva al Senado.
La Cámara de Diputados logró aprobar una ley que restringe significativamente la capacidad del Poder Ejecutivo para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). No obstante, el rechazo de un artículo durante la votación en particular obligó a que la iniciativa, ya sancionada por el Senado, regrese a la Cámara Alta, dándole un respiro y ganando tiempo al gobierno de Javier Milei.
La ley aprobada, que modifica la norma 26.122 de 2006, establece que ambas Cámaras del Congreso deberán pronunciarse para que un DNU sea ratificado. Esto contrasta con la normativa actual, que solo exige la aprobación de una sola Cámara. Esta reforma permitiría a la oposición invalidar cualquier decreto juntando mayoría en una sola de las Cámaras.
Una victoria a medias para el oficialismo
El oficialismo celebró que el trámite parlamentario se prolongue más allá de las próximas elecciones legislativas. En Casa Rosada habían dejado trascender que el presidente vetaría la norma por considerarla un riesgo para la gobernabilidad, y la demora aplaza esa decisión. El gobierno espera que un resultado favorable en las urnas del 26 de octubre le permita recomponer alianzas y frenar la seguidilla de reveses en el Congreso.
A pesar del avance opositor, el artículo que establecía un límite de 90 días corridos para que el Congreso se expida sobre un DNU —pasado el cual los decretos caerían— fue rechazado. Este punto fallido es el que obliga a que todo el texto retorne al Senado.
La norma sí logró establecer que cada decreto deberá referirse a una sola área temática, buscando evitar grandes paquetes de reformas como el DNU 70/23, que modificaba cientos de leyes de diversos rubros.
Advertencias y críticas cruzadas
La reforma implica una restricción contundente para un gobierno en minoría como el de Milei. Diputados libertarios, como Álvaro Martínez, criticaron la movida, señalando que busca «inmovilizar al Poder Ejecutivo» y calificando la acción como «oportunismo político» por parte del peronismo.
Desde el PRO, Damián Arabia recordó el uso excesivo de los DNU por parte de gobiernos anteriores. Acusó a la oposición de querer cambiar la ley solo porque ya no gobiernan.
Por otro lado, legisladores de la Coalición Cívica, como Maximiliano Ferraro, defendieron la necesidad de poner un límite a los decretos. Ferraro manifestó que «si nosotros no ponemos un límite esto seguirá siendo un viva la pepa, un estado de excepción permanente”.
Se prevé que el Senado ratifique el texto original, pero, por ahora, el gobierno ha ganado tiempo para reestructurar su estrategia legislativa.
