La situación de los adultos mayores en la Argentina se encuentra en un punto crítico. El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió que los haberes actuales empujan a millones de personas a una crisis humanitaria cotidiana, donde la falta de ingresos impacta directamente en tres pilares: alimentación, salud y vivienda.
Números imposibles: $470.000 frente a la realidad
Según detalló Semino, más de 4 millones de jubilados perciben un ingreso aproximado de $470.000 (incluyendo el bono). Sin embargo, cuando se suman los gastos de vivienda, ese monto apenas cubre entre el 25% y el 30% de una canasta básica real.
La Defensoría de la Tercera Edad recibe entre 200 y 400 consultas diarias que exponen un panorama desgarrador: adultos mayores que dependen de comedores comunitarios, que deben seguir trabajando de manera informal «de lo que pueden» o que sobreviven gracias a la ayuda de terceros.
«Tenemos casi 2 millones de jubilados que no tienen red social ni red familiar. Están en un aislamiento total», advirtió Semino.
El drama de la vivienda: Alquileres impagables y expensas récord
El factor habitacional se convirtió en una trampa económica para el sector pasivo, afectando tanto a inquilinos como a propietarios:
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Inquilinos en pensiones: En barrios porteños como San Telmo o Montserrat, una habitación con baño compartido ronda los $250.000. Esto absorbe más de la mitad de una jubilación mínima, volviendo imposible pagar la comida y los gastos restantes con el saldo.
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Propietarios asfixiados: Alrededor del 40% de los jubilados tiene casa propia, pero en los grandes centros urbanos (CABA, Conurbano, Rosario, Córdoba o Mendoza) las expensas ya promedian entre $250.000 y $300.000, un costo impagable para sus bolsillos.
Peligro sanitario: Tratamientos cortados y demoras «catastróficas» en PAMI
El impacto más grave de la crisis se observa en las farmacias y los centros de salud. Al no poder costear los remedios, muchos jubilados toman decisiones desesperadas como reducir las dosis a la mitad para estirar la medicación.
Este escenario es una bomba de tiempo para enfermedades asintomáticas como la hipertensión: «El primer síntoma de dejar estos medicamentos suele ser un infarto o un ACV», alertó el defensor.
Asimismo, Semino apuntó con dureza contra las obras sociales y el PAMI, calificando su nivel prestacional como «catastrófico»:
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Lograr un diagnóstico básico (pasando por el médico de cabecera, especialista y estudios) puede demorar no menos de seis meses.
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Estas demoras provocan que patologías tratables se agraven y terminen colapsando las guardias médicas de urgencia.
Bonos congelados, vetos y el «tiempo vaticano» de la Justicia
Finalmente, Semino criticó que el bono de $70.000 continúe completamente congelado desde marzo de 2024. De haberse actualizado por inflación, ese refuerzo hoy debería rondar los $150.000.
El defensor recordó que tanto en 2024 como en 2025 se sancionaron leyes de movilidad en el Congreso que buscaban recomponer las jubilaciones y blindar el bono, pero ambas fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. Aunque la Defensoría presentó planteos de inconstitucionalidad contra estos vetos, los expedientes avanzan bajo los lentos «tiempos vaticanos que tiene la Justicia argentina».
