La Legislatura de Chubut aprobó este jueves una ley que regula el uso de teléfonos celulares en establecimientos educativos públicos y privados de los niveles Inicial, Primario y Secundario. La iniciativa obtuvo un amplio respaldo parlamentario y busca mejorar las condiciones de aprendizaje, además de reducir los efectos negativos asociados al uso excesivo de dispositivos móviles.
La normativa alcanza tanto a estudiantes como a docentes. En el caso del nivel Secundario, los teléfonos podrán utilizarse únicamente con fines pedagógicos y bajo la planificación previa del docente. También contempla excepciones para aquellos alumnos que necesiten el dispositivo por cuestiones de salud o por requerimientos vinculados a sus procesos de aprendizaje.
El proyecto, impulsado por el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, fue acompañado por los bloques Despierta Chubut, Chubut Unido, Familia Chubutense, PICH y Primero Chubut-CET. El único voto negativo correspondió al diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino.
Al defender la propuesta, Pais sostuvo que existe abundante evidencia científica sobre los efectos perjudiciales que genera el uso de celulares dentro del ámbito escolar. Según explicó, estos dispositivos afectan la concentración, el rendimiento académico y el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes.
«El uso del celular en las aulas perjudica la atención, el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, cuyos cerebros todavía están en proceso de formación», afirmó.
El legislador también citó informes de la Sociedad Argentina de Pediatría y del CONICET, que advierten sobre consecuencias como alteraciones del sueño, problemas visuales, obesidad, ansiedad y depresión derivadas del uso excesivo de teléfonos móviles.
Para Pais, la ley no solo apunta a mejorar el desempeño escolar, sino también a promover una política preventiva en materia de salud. «Limitar el uso de estos dispositivos dentro de las escuelas permitirá reducir problemas que ya son evidentes y que tienen impacto directo en la calidad de vida de los jóvenes», señaló.
Asimismo, recordó que Argentina encabezó en 2022 un ranking internacional vinculado a la distracción por el uso de dispositivos móviles durante las clases, situación que, según indicó, se relaciona con los bajos niveles de desempeño en áreas como Matemática.
Otro de los aspectos destacados por el autor de la iniciativa fue el rol que recuperan los docentes a partir de la nueva normativa. «No se trata de una prohibición absoluta. La decisión sobre cuándo utilizar estos dispositivos con fines educativos queda en manos de los docentes», remarcó.
Durante el debate, distintos legisladores respaldaron la medida. Leonardo Bowman, de Despierta Chubut, consideró que la ley también representa un llamado de atención para las familias respecto al control del uso de la tecnología fuera del horario escolar.
Por su parte, Mariela Tamame, de Chubut Unido, advirtió sobre los efectos de la inmediatez que generan las redes sociales y las aplicaciones en los jóvenes. Según expresó, la necesidad constante de recibir respuestas o aprobación a través de los dispositivos puede dificultar el desarrollo de habilidades que requieren mayor concentración y análisis.
En la misma línea, Andrea Toro, del bloque PICH, citó datos del Observatorio Argentinos por la Educación que indican que más de un tercio de los estudiantes nunca silencia las notificaciones durante las clases, mientras que uno de cada tres mantiene el celular activo recibiendo estímulos de manera permanente.
Finalmente, Emanuel Coliñir destacó que la nueva legislación brinda respaldo institucional a los docentes y al sistema educativo para intervenir ante situaciones vinculadas al uso indebido de la telefonía móvil dentro de las aulas.
Con esta decisión, Chubut se suma a otras jurisdicciones argentinas y a países como Francia, Dinamarca, Noruega y Países Bajos, que ya implementaron regulaciones similares con el objetivo de favorecer la concentración y el aprendizaje en las escuelas.
