La Corte Suprema resolvió que las denuncias de la empresaria Mariana Nannis contra el ex futbolista Claudio Caniggia en el marco del controvertido juicio de divorcio tramitarán ante el juez federal Ariel Lijo, quien subroga el Juzgado número 12.
El máximo tribunal zanjó un conflicto de competencia suscitado entre el magistrado y el titular del Juzgado de Instrucción Penal número 18, Pablo Ormaechea.
Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti opinaron en el mismo sentido que el procurador general interino, Eduardo Casal, y resolvieron que la causa continúe en manos de Lijo.
Vale aclarar que Nannis denunció que Caniggia ocultó bienes gananciales de la pareja mientras estuvieron casados a través de sociedades en el exterior, testaferros e inversiones “en negro”. Entre esas inversiones mencionó al proyecto de parques eólicos, en el que involucró al ex presidente Mauricio Macri.
En el juicio de divorcio, según explicó Nannis, Caniggia sólo declaró “un bien inmueble y una cuenta conjunta que contenía un millón y medio de dólares estadounidenses, aproximadamente”.
Pero según la empresaria, esa suma es exigua, pues “durante la actividad profesional de su marido como jugador de fútbol –y luego de su retiro como representante de jugadores– obtuvo contactos a nivel político y económico, y ganó altísimas utilidades como producto de los contratos de venta de futbolistas, entre otros negocios que realizaba con diferentes empresas nacionales e internacionales y con inversores privados”.
El fallo asignó competencia a la Justicia federal ante la posibilidad de que se hubieran cometido irregularidades –además de los parques eólicos- en la formación de “sociedades anónimas para llevar a cabo negocios relacionados a la venta de chalecos antibalas durante la gestión del entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el ámbito del Ministerio de Seguridad”.
Caniggia, según la denuncia, “enviaba dinero a una sociedad en Uruguay y que tiene sociedades y cuentas en Suiza, Inglaterra, Uruguay, China y Qatar”.
El procurador Casal sostuvo que por la naturaleza de la denuncia podrían haberse producido hechos de interés de la Justicia federal, como evasión impositiva y lavado de activos, lo que deberá surgir de la investigación encargada a Lijo.
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