Radio del Sur 97.1 dialogó con el fiscal que investiga el caso de las «estafas del IPV», Martín Cárcamo, para saber en detalle sobre el curso de la causa.
Según pudo señalar el fiscal, la hipótesis basada en los hechos denunciados y la evidencia que se pudo reunir durante estos días, se trataría de una estafa que consiste en captar a las personas a través de grupos de WhatsApp en la cual se les requería una cierta suma de dinero de aproximadamente 100 mil pesos. Inicialmente pedían una cuota de 80 mil por la vivienda y luego de 20 mil pesos para adquirir la vivienda con los servicios incluidos.
En referencia a la hipótesis de una presunta cooperativa en la que operarían las estafas, el fiscal señaló que «en principio la evidencia encontrada resultado de los allanamientos, no indicaría un soporte institucional, ya sea a través de una forma de cooperativa u otra cosa, lo que configuraría el engaño, pero no existiría ninguna cooperativa».
Y añadió: «En los allanamientos, que tenia como finalidad secuestrar equipos informáticos y documentación, se encontraron una especie de legajos personales con documentación de los damnificados haciéndolos pasar como «carpetas del IPV», en 2 de los 3 domicilios allanados, pero documentación vinculada a alguna cooperativa no ha sido secuestrada. Estos documentos se encontraron en el domicilio de Fita, y Rodríguez».
«Cabe destacar que no es una maniobra que se use en la actualidad, esto habría empezado en marzo del año pasado aproximadamente».
«Todavía estamos investigando quienes son, no descartamos que hayan más implicados, pero principalmente se trata de un grupo de 3 mujeres una de ellas es Vanesa Fita, la primer denunciada y que la evidencia concretamente la vincula, luego están Rodríguez y Linares, que estas personas eran colaboradoras de la denunciada», indicó Cárcamo.
Con respecto al modus operandi, la estafa se realizaba a través de 4 grupos de WhatsApp de aproximadamente 50 personas, en los cuales cada uno tenia que pagar 100 mil pesos, lo que aparentemente recaudarían 5 millones de pesos por mes.
«Empezó con un grupo de WhatsApp, administrado por Vanesa Fita, que luego desaparece y le transfiere este grupo a otro usuario, y así se iban pasando las personas».
Sin embargo, el fiscal aclaró que «es una investigación que tiene 7 días hábiles de trabajo, todavía no tenemos nada concreto», y están a la espera los resultados de los allanamientos, «lo que si tenemos es el testimonio de los damnificados, que nos explicaron que cayeron en esta estafa porque confiaron en el apellido de la persona que inició todo esto».
En cuanto al destino de los depósitos bancarios, la evidencia indicaría que «eran diversas cuentas receptoras, tanto billeteras virtuales como mercado pago y naranja X y cuentas bancarias, a nombre de Vanesa Fita», explicó Cárcamo.
Y añadió: «Aunque todavía estamos investigando qué paso con el dinero, existe la posibilidad de poder recuperar un porcentaje».
Finalmente, el fiscal indicó que «las autoridades del IPV, durante una entrevista formal, pudimos saber que tomaron conocimiento de la situación por el concejal Lattanzio».
