Ocho personas enfrentan el juicio por los destrozos y ataques incendiarios ocurridos el 16 de diciembre de 2021 en la capital de Chubut, en el marco de una manifestación contra la Ley de Desarrollo Minero.
Este jueves 3 de abril comenzó el juicio oral y público contra los acusados de provocar incendios en edificios gubernamentales durante las protestas. El inicio del proceso, originalmente previsto para el 1° de abril, fue reprogramado debido a la ausencia de una de las imputadas.
Desde las 8 de la mañana, los acusados Lautaro Martínez, Mauricio Vargas, Damián Díaz, Nicolás Díaz, Brian Díaz, Lucas Espinoza, Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza y G.V. (quien era menor de edad al momento de los hechos) comparecieron ante la Justicia. La mayoría son representados por el defensor Pablo Sánchez, mientras que Mauricio Vargas cuenta con la asistencia del defensor público Miguel Moyano.
Los hechos bajo investigación
La fiscal Florencia Gómez, a cargo del caso, llevó adelante una investigación que permitió reunir pruebas para el juicio. Según la acusación, los incidentes se registraron entre las 19:30 y las 21:00 del 16 de diciembre de 2021, cuando grupos minoritarios, infiltrados en una manifestación pacífica, iniciaron actos violentos en protesta por la aprobación de la ley minera en la Legislatura provincial.
Durante la revuelta, se atacaron varios edificios públicos, entre ellos:
- Casa de Gobierno
- Comisaría de Rawson
- Sección Finanzas de la Policía Provincial
- Superior Tribunal de Justicia
- Fiscalía de Rawson
- Legislatura Provincial
- Juzgado Federal
- Oficinas de SEROS
- Ministerio de Educación
Además, resultaron afectados algunos comercios y propiedades privadas.
El accionar de los manifestantes y la falta de seguridad
De acuerdo con la acusación fiscal, los responsables actuaron sin planificación previa, lanzando objetos contundentes para romper los vidrios de los edificios y luego ingresar para iniciar incendios con papeles y mobiliario. También se reportaron saqueos de equipos como computadoras, botellones de agua y extintores.
«La intensidad de los ataques creció ante la falta de resistencia, lo que permitió a los manifestantes tomar la vía pública y avanzar sin control», sostuvo Gómez.
Asimismo, la fiscal cuestionó la falta de un operativo de seguridad adecuado, señalando que, pese a la tensión generada por la aprobación de la ley, no se desplegaron fuerzas policiales para resguardar los edificios estatales. «El radio céntrico de Rawson quedó prácticamente a merced de los manifestantes», concluyó.
El juicio continuará en los próximos días con la presentación de pruebas y testimonios clave para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
