En un contexto de creciente tensión con el Gobierno nacional, los gobernadores del peronismo y de fuerzas opositoras afines mantendrán este miércoles una reunión en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de consensuar una postura común frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, que será debatido en sesiones extraordinarias el próximo 11 de febrero.
El eje central de la preocupación de las provincias está puesto en el capítulo impositivo de la iniciativa, que contempla una reducción del Impuesto a las Ganancias. Según advierten los mandatarios, la medida implicaría un fuerte recorte en los recursos que reciben las jurisdicciones provinciales.
Si bien aún no se definió el lugar del encuentro, desde distintas gobernaciones confirmaron la participación de mandatarios del PJ y aliados, en un intento por unificar criterios antes del tratamiento legislativo. El oficialismo busca avanzar rápidamente con el proyecto y obtener media sanción en el Senado, lo que aceleró las conversaciones entre los gobernadores.
Más allá de las miradas diversas sobre los cambios al régimen laboral, existe coincidencia en el rechazo al impacto fiscal de la propuesta. Desde la Casa Rosada se plantea una baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, del 35% al 31,5%, junto con una reducción de las contribuciones patronales.
Las provincias estiman que estas modificaciones podrían generar una pérdida superior a los 3 billones de pesos en sus arcas. En contraposición, el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó el impacto y sostuvo que la merma recién se sentiría en 2027 y sería del orden de los 1,5 billones de pesos. Sin embargo, ese argumento no convence a los gobernadores, quienes advierten que 2027 será un año electoral y temen llegar a ese escenario con menores márgenes de gestión.
El escenario remite a antecedentes recientes de tensión entre Nación y provincias. A fines de 2025, gobernadores de distintos espacios políticos lograron frenar en el Congreso el capítulo XI del Presupuesto 2026, que incluía la derogación de normas vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario. Algo similar ocurrió en septiembre, cuando los mandatarios impulsaron el reparto automático de los ATN, aprobado por el Parlamento pero luego vetado por Milei.
Si el Ejecutivo nacional sostiene su postura sin modificaciones, en el oficialismo ya se anticipa un desenlace conocido: una nueva derrota legislativa impulsada por los gobernadores, con apoyos que podrían trascender al peronismo.
