Comodoro Rivadavia se encuentra en un proceso de reformulación clave en su política ambiental, que busca cerrar la puerta a la dilución de responsabilidades por el impacto histórico de la actividad petrolera. El municipio patagónico modificará el proyecto de ordenanza sobre pasivos ambientales, sustituyendo el concepto de «pasivo» por el de «daño ambiental»
En diálogo con Radio del Sur 97.1, el subsecretario de Ambiente, Nicolás Coluccio, y la directora Lic. Jordana Mrla, explicaron los alcances de esta decisión. «Para nosotros, el pasivo ambiental siempre fue un daño; el problema es que, con la salida de YPF y la cláusula que firmaron entre los privados YPF y PECOM, quedó demostrado que quisieron hacer una especie de transferencia del daño ambiental, y eso es intransferible», enfatizó Coluccio.
Según los funcionarios, la Constitución Nacional es clara respecto a la responsabilidad del generador del daño. Si bien la regulación en materia de pasivos ambientales ya estaba prevista mucho antes del acuerdo entre YPF y PECOM, la urgencia de la situación en Comodoro Rivadavia, con miles de pozos inactivos y la negativa de YPF a hacerse cargo, aceleró la necesidad de esta nueva formulación. «Este año, con toda la situación que suscitó y la respuesta de YPF de no hacerse cargo, hemos tomado esta postura y estamos elaborando un nuevo proyecto», señaló Coluccio.
El municipio no descarta llevar la situación a la justicia si YPF no asume su rol. «Ahora estamos llevando el camino administrativo y, obviamente, siempre queda abierta la puerta para judicializar la situación si YPF no asume su responsabilidad», afirmó Mrla. Los funcionarios calificaron la postura de YPF como una «estrategia» para evadir sus obligaciones, dejando claro que, aunque PECOM pueda realizar las tareas de remediación, la responsabilidad primigenia es de YPF. «Si lo hace YPF por sí o por terceros, para nosotros es indistinto, pero sí es importante quién se responsabiliza», indicaron.
El proyecto de ordenanza original, presentado el año pasado, ya incluía situaciones de riesgo por pozos inactivos o abandonados, que representan un peligro latente para la salud y el ambiente. «Del primer momento, los pasivos estuvieron incluidos y por eso se presenta el proyecto, pero no tuvo tratamiento legislativo», recordó Mrla. La preocupación radica en la gran cantidad de 1700 pozos inactivos dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia, muchos de los cuales la antigua Ley 596 les otorgaba cinco años para categorizar, pero que, por su ubicación, deberían entrar en la categoría de activos o abandonados.
La provincia de Chubut, por su parte, se muestra respetuosa de la iniciativa municipal. «La provincia en ese sentido es respetuosa, no creo que tenga ningún tipo de negatividad sobre el proyecto», aseguró Mrla. El enfoque municipal es claro: priorizar el desarrollo de la ciudad y garantizar que el generador del daño sea quien asuma los costos y las responsabilidades. «No es lo mismo que asuma el generador del daño a que tenga que asumirlo quien no lo generó. Desde este punto nos estamos parando», enfatizó Coluccio.
Los costos de remediación son millonarios: se estima que la inactivación de un pozo en medio del campo, sin interferencia, asciende a unos 340 millones de dólares para el total de pozos. Sin embargo, para el municipio, la cuestión va más allá del aspecto económico. «No estamos hablando de una cuestión de plata, queremos eliminar los riesgos ambientales; todos tenemos derecho a un ambiente sano», concluyeron los funcionarios, reiterando el compromiso de proteger a los ciudadanos y el entorno natural de Comodoro Rivadavia.
