Cinco mujeres fueron imputadas por la presunta estafa a casi 600 personas mediante la promesa de adjudicación de viviendas, lo que habría generado un perjuicio económico cercano a los 60 millones de pesos.
La principal acusada, Vanesa Fita, habría simulado ser intermediaria de una cooperativa habitacional con supuestos vínculos con funcionarios provinciales.
Según la investigación, Fita habría ofrecido viviendas construidas o en construcción a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), a pesar de no contar con autorización legal ni los recursos necesarios. A cambio, solicitaba depósitos de 100.000 pesos a cada interesado.
Audiencia y calificación del delito
Durante la audiencia de apertura de la investigación, el fiscal Martín Cárcamo imputó a Fita como autora del delito de «estafa por calidad simulada e influencia mentida», en 594 hechos distintos. A su vez, Lucía Miranda, Gisela Mansilla, María Curán y Camila Páez fueron señaladas como partícipes necesarias por colaborar en la maniobra.
El juez penal Alejandro Soñis concedió seis meses para el desarrollo de la investigación, plazo solicitado por la fiscalía.
Cómo operaba el presunto fraude
El esquema funcionaba a través de contactos telefónicos y el uso de tres líneas móviles. Una vez que las víctimas realizaban el depósito de dinero, recibían un recibo de pago y eran añadidas a grupos de WhatsApp donde se organizaban reuniones y se solicitaban datos personales.
Las otras cuatro imputadas habrían contribuido al plan manteniendo la apariencia de legitimidad y sumando nuevos interesados.
Postura de la defensa
Las abogadas defensoras de Fita rechazaron la acusación y señalaron que la fiscalía no logró especificar en qué consistió el engaño. Además, la defensa de María Curán argumentó que su clienta actuó de buena fe con la intención de acceder a una vivienda.
Pese a las objeciones, la investigación seguirá su curso con el objetivo de esclarecer el destino del dinero y la posible responsabilidad de las imputadas en la maniobra.
