Sin filtros y en primera persona, una declaración de la diputada provincial Gabriela Flores dinamitó la agenda política salteña. Al ser consultada sobre el manejo de fondos estatales, la legisladora admitió una práctica que rompe los límites de la ética pública: “Mi hijo usa los viáticos para ir a la facultad”.
Lejos de una interpretación externa o un error de contexto, la frase surgió de la propia defensa de la diputada. “Los viáticos son para poder movernos”, intentó explicar, para luego rematar con una frase que terminó de agravar el cuadro: “Yo no tengo otro ingreso”.
Esta admisión directa deja al descubierto una preocupante naturalización en el uso de recursos del Estado —destinados exclusivamente a la función legislativa— para financiar la vida cotidiana y privada de su entorno familiar.
Un costo político inmediato
El episodio no pudo haber ocurrido en un momento más inoportuno. La controversia estalló en paralelo a su salida de la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, sumando presión a un oficialismo que ahora se ve forzado a dar explicaciones en un contexto donde la austeridad y el control del gasto público son demandas sociales ineludibles.
Lo que pretendía ser una aclaración terminó funcionando como una confesión de parte. Cuando la política borra los límites entre lo público y lo privado con tal naturalidad, el daño deja de ser administrativo y se convierte en un costo político que difícilmente se pueda revertir con simples disculpas.
