La hija de la doctora Susana Di Sarli asegura que el nosocomio utilizó la firma de su madre para facturar obras sociales y autorizar recetas, incluso mientras la profesional estaba de licencia.
Una grave denuncia por irregularidades administrativas y falsificación de identidad sacude al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. María Virginia Valderrey, hija de la fallecida médica Susana Di Sarli, reveló que durante al menos diez años se habría utilizado un sello apócrifo y una firma falsa de su madre para confeccionar recetas, autorizar prestaciones y facturar servicios a obras sociales.
El hallazgo y la confesión institucional
La situación salió a la luz en diciembre de 2022. Según el relato de Valderrey, la propia doctora Di Sarli descubrió la maniobra durante una guardia al hallar un sello con su nombre pero con una firma que no le pertenecía. Lo más sorprendente fue la respuesta ante el reclamo interno:
«La única respuesta que recibió mi mamá fue el reconocimiento por escrito del hospital admitiendo que usaron su sello y firma para subsanar falencias con las obras sociales», afirmó Valderrey, señalando que posee documentos firmados por directivos de la gestión anterior.
Diez años de irregularidades y «sello trucho»
La denuncia sostiene que el uso ilegal se extendió por una década y se intensificó durante la pandemia, periodo en el que la médica ni siquiera estaba prestando funciones por ser grupo de riesgo. Valderrey detalló que el sello utilizado era «absurdamente trucho», al punto de tener el apellido mal escrito.
Entre las acciones realizadas bajo esta identidad falsa se encuentran:
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Facturación a obras sociales por servicios no prestados por la profesional.
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Autorización masiva de hisopados durante la crisis del COVID-19.
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Emisión de recetas y certificados sensibles.
Causa judicial paralizada
A pesar de la gravedad del hecho, la familia denuncia una total inacción por parte del Ministerio Público Fiscal. Según Valderrey, la fiscalía argumentó que, ante el fallecimiento de la doctora, no es posible realizar peritajes caligráficos, argumento que la hija rechaza tajantemente dada la existencia de miles de documentos reales para cotejar.
Actualmente, tras una orden del juez Cosmaro para desarchivar el caso, la familia exige que la nueva gestión del Hospital Regional inicie una investigación interna y que la justicia avance sobre los responsables de lo que consideran una estafa sistemática al sistema de salud y un atropello a la ética profesional.
