En un fallo de fuerte impacto institucional, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió anular la destitución de la jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez y dispuso su reincorporación inmediata al cargo que ocupaba antes del jury realizado en 2023.
La decisión fue adoptada por unanimidad y dejó sin efecto la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento que, por una ajustada votación de 3 a 2, había determinado la remoción de la magistrada en noviembre del año pasado.
El máximo tribunal provincial consideró que durante el proceso se vulneró una garantía fundamental: la imparcialidad de quien debía intervenir en el juzgamiento. En ese sentido, apuntó contra la actuación del exministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, quien tuvo participación en distintas etapas previas de la causa y posteriormente presidió el Tribunal de Enjuiciamiento que terminó resolviendo la destitución.
El rol de Báez, clave para la nulidad
Según la sentencia, Báez había intervenido previamente en actuaciones relacionadas con el caso, realizando valoraciones sobre la conducta atribuida a Suárez y expresando posiciones respecto de cuestiones centrales que luego debía analizar como integrante del jury.
Para los ministros, esa situación comprometió la apariencia de objetividad que exige el cargo y afectó de manera directa el principio de imparcialidad que debe garantizarse en todo proceso.
Además, el fallo recuerda que la jueza había planteado oportunamente la recusación de Báez cuando se inició el procedimiento en su contra. Sin embargo, ese pedido fue rechazado tanto por el propio magistrado como por el resto de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento.
El Superior Tribunal sostuvo que una correcta evaluación de aquel planteo habría evitado la nulidad de todo el proceso y las consecuencias institucionales derivadas de esa decisión.
El origen del caso
La situación de Mariel Suárez se originó a comienzos de 2023, cuando el entonces senador nacional Ignacio Torres y el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, impulsaron una denuncia luego de que trascendieran imágenes registradas en el Instituto Penitenciario Provincial.
En la grabación se observaba a la magistrada durante una visita a un condenado, manteniendo contacto físico con él. A partir de ese hecho se inició un sumario interno y posteriormente avanzó el proceso que concluyó con su destitución.
El fallo no analiza su responsabilidad
En su resolución, el Superior Tribunal aclaró que la nulidad no implica un pronunciamiento sobre la inocencia o responsabilidad de Suárez respecto de los hechos investigados.
Por el contrario, los jueces señalaron que la decisión se limita a constatar que el procedimiento estuvo afectado por una irregularidad que compromete garantías constitucionales esenciales, lo que torna inválida la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento.
Asimismo, remarcaron que los cuestionamientos vinculados a la imparcialidad deben ser examinados con especial rigor desde las primeras etapas de cualquier proceso, ya que una decisión equivocada en ese aspecto puede afectar la validez de todas las actuaciones posteriores.
Regreso inmediato a la función judicial
La sentencia, firmada por los ministros del STJ, Javier Raidan y Andrés Giacomone, junto a los jueces subrogantes Carina Estefanía, Diego Trad y Adrián Barrios, no admite recursos y ordena la restitución inmediata de la magistrada en su cargo.
El tribunal también aclaró que cualquier reclamo económico derivado de la destitución y posterior reincorporación deberá tramitarse por vías independientes, ya que excede el alcance de la resolución judicial conocida este jueves.
Con esta decisión, el caso vuelve a generar repercusiones en el ámbito judicial y político de Chubut, al revertirse una de las destituciones más resonantes de los últimos años en la provincia.
