Calidad informativa para la construcción de una identidad regional

El STJ evalúa la suspensión de términos hasta nuevo aviso

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut se encuentra evaluando la suspensión de términos y plazos legales hasta nuevo aviso, exclusivamente para las causas que tramitan por ante sus secretarías, a raíz de los daños ocasionados en el edificio que es sede del Poder Judicial de la provincia.

Inspección

Durante la mañana de este viernes se iniciaron las tareas de inspección en el edificio del STJ (Superior Tribunal de Justicia) a raíz de los daños sufridos en el edificio ubicado en Roberto Jones 75 de Rawson.

De una primera inspección surge la destrucción por acción del fuego de las dependencias de la Procuración General, la Secretaría Contencioso Administrativa y el sector de mesa de entrada, a raíz del fuego, el cual afectó la estructura de planta baja y generó daños en la planta superior donde funcionan la Sala de Acuerdos, despachos de ministros y dependencias del STJ.

STJ

Evaluación de daños

En las próximas horas se realizarán tareas de apuntalamiento y se continuará con la evaluación de los daños en el resto del edificio, provocados por las altas temperaturas del incendio y el humo, propio de la combustión de distintos materiales.

Por otra parte es visible la rotura de los ingresos y vidrios de todas las oficinas ubicadas en el frente del edificio.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Chubut: Condenan a un hombre de campo por provocar un devastador incendio que consumió 70 hectáreas
Violencia en la Supervisión de Escuelas: imputan a la cúpula de ATE Comodoro por destrozos y herir a policíasLos graves incidentes registrados en la sede de la Supervisión de Escuelas de Kilómetro 3 ya tienen un marco judicial formal. En los tribunales de Comodoro Rivadavia se llevó a cabo la audiencia de control y apertura de la investigación contra los dirigentes estatales Verónica Rosales (secretaria general de ATE), Lorena Rosales, Evangelina Arbe, José Parra y Eduardo Echeveste. El fiscal Ariel Corredera imputó formalmente a los manifestantes por los delitos de atentado contra la autoridad doblemente agravado y lesiones. Aunque el grupo recuperó la libertad, el juez penal Alejandro Soñis les dictó una prohibición absoluta de acercamiento al edificio público vandalizado. Piedras, palos y una puerta destruida: la reconstrucción del ataque De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron el pasado martes a las 10:00 de la mañana, cuando un grupo de aproximadamente 70 integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se concentró fuera del edificio escolar en el marco de un reclamo salarial y de paritarias. La situación se descontroló por completo poco después de las 11:15 horas. Según el relato fiscal, la multitud —arengada presuntamente por Verónica Rosales y Eduardo Echeveste— avanzó con violencia para romper el perímetro: Fuerza bruta: Desplazaron las vallas de seguridad e intentaron ingresar por la fuerza, siendo contenidos en primera instancia por el personal de custodia. Destrucción: Al no poder entrar, comenzaron a patear la puerta principal hasta destruirla por completo, al tiempo que rompían los vidrios del frente arrojando piedras y palos. Invasión y heridos: Tras empujar a los efectivos policiales, propinar golpes de puño y revolear objetos, la facción violenta logró acceder a la planta baja del edificio, donde destrozaron una segunda puerta que conecta con las escaleras. El saldo del enfrentamiento dejó a cuatro policías con lesiones leves. La polémica defensa gremial: "Fue consecuencia de la manifestación" La defensora de los imputados, Alicia Dramesino, intentó bajarle el tono a la imputación argumentando que el cúmulo de pruebas es insuficiente y que la Fiscalía no logró precisar qué acción específica cometió cada uno de sus asistidos. Además, la abogada ensayó una polémica justificación sobre el accionar de los agremiados: "No es la primera vez que ante un reclamo de un gremio resulte gente lesionada o se rompan cosas; no fue un acto configurativo de un delito, sino que fue una consecuencia de una manifestación, que ante la presencia policial generalmente tiende a reprimir", sostuvo Dramesino. El límite constitucional: manifestación sí, violencia no Al momento de resolver, el juez Alejandro Soñis rechazó los argumentos de la defensa y autorizó de forma unánime la apertura de la investigación preparatoria por el plazo de ley. En su dictamen, el magistrado dejó un fuerte mensaje institucional y marcó un límite tajante respecto a las metodologías de protesta en la ciudad: “El derecho a manifestarse es constitucional y legítimo, pero no se puede naturalizar que haya violencia o daños en este tipo de reclamos, ni por parte de los que piden, ni por parte de los que deben cuidar”, concluyó contundente.
Megaestafa nacional: cayó el cuarto integrante de una red criminal que robó millones de dólares desde Chubut