El Gobierno del Chubut decidió marcar un precedente histórico y económico contra el vandalismo en las protestas gremiales. Luego de los graves incidentes registrados este martes por la mañana en la sede local de la Supervisión de Escuelas, el Ministerio de Educación anunció que accionará por vía civil contra los manifestantes implicados para exigirles que paguen, de sus propios bolsillos, cada uno de los arreglos del mobiliario estatal destruido.
La medida representa una respuesta política y judicial drástica ante una manifestación que las propias autoridades calificaron como «irregular». La protesta, llevada adelante por una facción disidente de estatales que desconoció la conciliación obligatoria dictada el pasado 31 de mayo, terminó con un violento intento de toma, destrozos generalizados en puertas y ventanas, tres detenciones y cinco efectivos policiales heridos con lesiones de diversa consideración.
Delatados por sus propios compañeros de trabajo
Uno de los datos más reveladores que dejó la investigación posterior a los disturbios es que fueron los propios empleados administrativos de la Supervisión quienes denunciaron e identificaron a los autores de los desmanes. Mientras el grupo minoritario intentaba ingresar por la fuerza poniendo en riesgo la integridad física del personal que estaba en sus puestos, sus propios compañeros decidieron romper el pacto corporativo y señalar a los violentos ante la Justicia.
Ante el caos, la Policía del Chubut debió desplegar un operativo de urgencia para restablecer el orden y resguardar la estructura del establecimiento, lo que desató el enfrentamiento directo que terminó con los uniformados hospitalizados y el arresto de la cúpula que encabezaba la violenta embestida.
Triple ofensiva: penal, administrativa y civil
El ministro de Educación provincial, José Luis Punta, fue el encargado de ratificar que el Estado no asimilará el costo financiero de la violencia. El funcionario anticipó una triple ofensiva legal que busca desmantelar este tipo de conductas en el ámbito público:
-
Vía Administrativa: Apertura inmediata de sumarios internos para todos los empleados estatales identificados en los videos y denuncias, lo que podría derivar en suspensiones severas o exoneraciones.
-
Vía Penal: Continuidad de las causas judiciales contra las tres personas detenidas por resistencia a la autoridad, lesiones y daños agravados.
-
Vía Civil: Demandas patrimoniales individuales para resarcir económicamente al Estado por los destrozos.
“Los violentos son responsables de esta situación y, más allá de las denuncias penales que correspondan, se actuará civilmente para que reparen y paguen los daños que le han producido al Estado provincial y a todos los habitantes de Chubut”, sentenció con dureza el ministro Punta.
Para cerrar, el titular de la cartera educativa lamentó que un sector minoritario empañe los reclamos legítimos mediante el uso de la fuerza bruta: “Intentaron ingresar rompiendo bienes que pertenecen a todos los chubutenses. No solo se van a aplicar las sanciones administrativas más rigurosas, sino que esta vez van a tener que hacerse cargo del costo material de sus acciones”, concluyó, fijando una nueva e inflexible hoja de ruta para la gestión provincial frente al conflicto sindical.
